Bogotá, 9 de marzo de 2026 – La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió de oficio una investigación contra fiscales delegados ante la Corte Suprema por la demora en radicar el escrito de acusación en el proceso contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, lo que permitió su libertad por vencimiento de términos en un caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El alto tribunal disciplinario decidió asumir directamente el caso debido a la jerarquía de los funcionarios involucrados. La indagación busca establecer si el retraso en la actuación procesal obedeció a negligencia, omisión o una conducta deliberada, o si estuvo justificado por la complejidad del expediente y la carga de trabajo de la Fiscalía.

Actualmente, Bonilla permanece en libertad, aunque el proceso penal en su contra continúa. La salida del exministro no implica una absolución ni el cierre del caso, pero sí modifica su situación jurídica y podría incidir en la estrategia de las partes en las siguientes etapas del proceso.

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El punto central de la investigación disciplinaria es la no radicación oportuna del escrito de acusación, una actuación clave que formaliza los cargos y permite avanzar hacia el juicio. Al superarse los plazos legales sin que se cumpliera este requisito, la defensa solicitó la libertad por vencimiento de términos, que fue concedida por un juez al considerar vulneradas las garantías procesales del acusado.

La decisión generó reacciones en el ámbito público y mediático, al tratarse de un caso de alto perfil vinculado a la UNGRD, entidad que ha estado bajo escrutinio por presuntos manejos irregulares de recursos. La Comisión de Disciplina actuó sin mediar queja formal, tomando como base la información difundida sobre el caso.

El expediente disciplinario se enfocará en reconstruir las actuaciones de la Fiscalía, revisar los tiempos procesales y determinar si existió un retardo injustificado. Los fiscales deberán rendir descargos y explicar las razones de la demora.

De encontrarse faltas disciplinarias, los fiscales podrían enfrentar sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensión o destitución. En paralelo, el proceso penal contra Bonilla seguirá su curso, mientras el episodio alimenta el debate sobre posibles reformas para evitar que fallas procesales afecten el avance de investigaciones sensibles.