Medellín, 9 de abril de 2026 – La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla denunció que el 8 de abril se realizó una fiesta vallenata dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, en la que participaron cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá vinculados a la mesa de paz urbana con el Gobierno nacional. La denuncia se sustenta en fotografías y videos que muestran el ingreso del cantante Nelson Velásquez y registros de la actividad desde el exterior del penal.

Según la cabildante del Centro Democrático, el evento se desarrolló en el patio donde permanecen recluidos varios de los denominados voceros de las bandas, algunos de ellos beneficiados previamente con la suspensión de órdenes de captura dentro del proceso de diálogo. Carrasquilla cuestionó las condiciones de reclusión y pidió explicaciones a las autoridades. En redes sociales afirmó que mientras la ciudadanía enfrenta problemas de seguridad, los responsables de delitos estarían en celebraciones dentro de la cárcel.

Información divulgada por medios a partir de fuentes periodísticas señala que la actividad habría sido organizada por los propios internos mediante una colecta que alcanzaría los 500 millones de pesos. De ese monto, cerca de 100 millones habrían sido destinados al pago del artista. En la reunión habrían participado alrededor de 100 personas, entre reclusos, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario e invitados externos.

Una fuente interna del penal indicó a la revista Semana que la presentación de Velásquez fue autorizada por una “orden de arriba”, sin precisar el origen de la instrucción. Hasta el momento, ni el INPEC ni el Gobierno nacional han emitido una versión oficial sobre lo ocurrido.

El episodio se produjo un día después de que la fiscal general Luz Adriana Camargo revocara la suspensión de 16 órdenes de captura que habían sido otorgadas a cabecillas incluidos en la mesa de diálogo. La decisión se tomó al establecer que varios de ellos ya se encontraban privados de la libertad, lo que hacía improcedente el beneficio.

El hecho ocurre en medio de cuestionamientos al modelo de paz urbana impulsado por el Gobierno, que permite negociaciones con estructuras criminales mientras sus líderes permanecen en centros de reclusión. Autoridades locales como el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia han criticado estos beneficios y han advertido riesgos para la seguridad y el proceso judicial.