Bogotá, 8 de abril de 2026 – Se presentó una demanda judicial para invalidar el decreto que, según los demandantes, condiciona la capacidad del Banco de la República para sesionar a la presencia del ministro de Hacienda. La controversia surgió luego de que Germán Ávila abandonara la reunión de la Junta Directiva el mes pasado, en medio de un aumento de la tasa de interés de 100 puntos básicos, que elevó el indicador al 11,25%.

El decreto en cuestión, el artículo 35 del Decreto 2520 de 1993, establece que la Junta puede deliberar y tomar decisiones únicamente con la asistencia de al menos cinco miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien también preside el órgano. La salida de Ávila generó un debate sobre si la política monetaria puede continuar funcionando de manera autónoma sin la presencia del representante del Gobierno.

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Los demandantes argumentan que la norma vulnera la autonomía constitucional del Banco y convierte una función técnica en una dependencia de la política ejecutiva. Según especialistas citados por medios financieros, si el ministro no asiste deliberadamente, la Junta podría quedar imposibilitada para sesionar, bloqueando decisiones sobre tasas, liquidez o intervención monetaria.

El Ministerio de Hacienda explicó que Ávila se retiró de la sesión por desacuerdo con el incremento de la tasa y la difusión de una comunicación interna. En contraste, la Junta del Banco publicó el día de ayer las minutas de la sesión con la advertencia de que no contaban con la aprobación del ministro, lo que evidenció la tensión institucional y el riesgo de un bloqueo operativo.

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La disputa se suma a semanas de desencuentros entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República por la política de tasas. Antes del 31 de marzo, ya existían críticas del Ejecutivo frente al endurecimiento monetario, mientras el Banco defendía su papel en el control de la inflación. La demanda ahora busca clarificar los límites de la autonomía del emisor y la obligatoriedad de la presencia del ministro en las sesiones.

La resolución del caso tendrá implicaciones directas sobre la continuidad de la política monetaria y la capacidad del Banco para tomar decisiones técnicas sin interferencias políticas, un factor clave para la estabilidad económica del país.