Bogotá, 8 de marzo de 2026 – El presidente Gustavo Petro advirtió que podría decretar una nueva emergencia económica si las medidas del Gobierno no logran mitigar el impacto de las altas tasas de interés, tras la decisión del Banco de la República de elevarlas al 11,25%. En una alocución televisada, el mandatario cuestionó al emisor por encarecer el crédito, afectar la vivienda y la industria y limitar el gasto social, mientras, según dijo, favorece al sistema financiero y a los tenedores de deuda pública.

Como respuesta al alza, el Gobierno anunció un paquete inicial para contener la inflación y proteger a los sectores más vulnerables. Entre las medidas están subsidios a fertilizantes producidos en el país, líneas de crédito con tasas compensadas a través de Bancoldex para pequeñas y medianas empresas y restricciones a la exportación de carne y fertilizantes con el fin de reducir el precio de los alimentos. Petro insistió en que la prioridad es sostener el ingreso de los hogares más pobres, en especial de las mujeres beneficiarias de programas sociales.

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La advertencia del presidente se produce mientras la Corte Constitucional evalúa la legalidad de la primera emergencia económica decretada en diciembre de 2025 para cubrir un déficit de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026. Esa medida fue suspendida provisionalmente en enero y el alto tribunal deberá emitir un fallo definitivo el 9 de abril, decisión que marcará el alcance del Ejecutivo para usar estados de excepción con fines fiscales.

Petro planteó que, si el Congreso no aprueba las iniciativas del Gobierno o si las medidas actuales resultan insuficientes, recurrirá a una nueva declaratoria de emergencia para proteger el nivel de vida de la población. En paralelo, anunció que presentará una ley de financiamiento con mensaje de urgencia, lo que evidencia que el Ejecutivo contempla tanto la vía legislativa ordinaria como la extraordinaria para obtener recursos.

En los últimos meses, el Gobierno ya ha utilizado estados de excepción para impulsar medidas tributarias. Durante la emergencia por la ola invernal, se creó un impuesto temporal al patrimonio de empresas para financiar la atención de damnificados. Esa práctica ha intensificado el debate sobre si el Ejecutivo está usando estas herramientas para introducir cargas fiscales sin pasar por el Congreso.

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Desde el punto de vista jurídico, la emergencia económica y una reforma tributaria son mecanismos distintos. La primera permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley en situaciones excepcionales, bajo control de la Corte Constitucional, mientras la segunda debe ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, en la práctica reciente ambas vías han sido utilizadas de forma complementaria para enfrentar restricciones fiscales.

El fallo de la Corte sobre la emergencia de 2025 será determinante para definir los límites de esta estrategia. Si el tribunal avala el uso de la figura en contextos fiscales, el Gobierno podría ampliar su margen de maniobra. Si lo restringe, aumentará la presión para que las reformas tributarias se tramiten exclusivamente por la vía legislativa.