Bogotá, 8 de abril de 2026 – La Nueva EPS, la mayor aseguradora de salud del país, enfrenta un vacío jurídico y administrativo desde el 3 de abril de 2026, cuando venció la resolución que sustentaba su intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud sin que se haya expedido un nuevo acto que la prorrogue o la levante. La situación deja en incertidumbre la administración de una entidad que atiende a más de 11 millones de afiliados.

El exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal advirtió que, tras la expiración de la medida, no está claro quién ejerce el control efectivo de la EPS ni bajo qué régimen opera. El interventor Luis Óscar Gálvez dejó la presidencia al cumplirse el plazo de la resolución, sin que se haya anunciado si la entidad regresa a sus antiguos administradores, continúa intervenida o entra en otro proceso como liquidación o reestructuración.

En contexto: Gustavo Petro pide renuncia de Luis Oscar Gálvez, interventor de Nueva EPS

La falta de una decisión oficial genera un escenario que Aristizábal califica como crítico desde el punto de vista jurídico y operativo. En la práctica, la EPS sigue prestando servicios y autorizando atenciones, pero sin claridad sobre la autoridad responsable de decisiones financieras, contractuales y asistenciales. Esto abre la puerta a posibles retrasos, disputas con prestadores y deterioro en la operación.

El panorama se complejiza con la existencia de una superintendenta ad hoc, Luz María Múnera, designada en 2025 tras el impedimento del actual superintendente Bernardo Camacho. Hasta ahora no se ha comunicado públicamente cuál es el alcance de sus funciones frente a la situación actual de la entidad.

Ante este escenario, Aristizábal pidió la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para ejercer vigilancia sobre lo que considera una omisión que podría afectar la continuidad del servicio y la estabilidad financiera de la EPS.

La intervención de la Nueva EPS había sido ordenada el 3 de abril de 2024 por la Superintendencia de Salud debido a problemas financieros y administrativos, entre ellos deudas acumuladas, retrasos en pagos a clínicas y riesgos en la prestación del servicio. En 2025, la medida fue prorrogada por un año adicional, con el argumento de que no se habían superado los indicadores críticos.

Lea también: Gobierno de Petro toma control mayoritario de la Nueva EPS

Durante ese periodo, la entidad recibió un número significativo de afiliados trasladados desde otras EPS en crisis, lo que aumentó su tamaño y presión operativa dentro del sistema de salud.

La normativa vigente exige que, antes del vencimiento de una intervención, el Gobierno adopte una decisión motivada sobre su continuidad, levantamiento o transformación. La ausencia de ese acto administrativo es lo que origina el actual limbo institucional.

El caso ocurre en medio de un contexto de reformas al sistema de salud impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro y de múltiples intervenciones a EPS, lo que incrementa la atención sobre el manejo de estas entidades.

En el corto plazo, se espera que el Gobierno emita una decisión que defina el futuro de la Nueva EPS. Mientras tanto, el riesgo es que la falta de claridad se traduzca en fallas en la atención, tensiones con prestadores y un aumento de acciones judiciales por parte de los usuarios.