Bogotá, 8 de abril de 2026 – La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por el presunto delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, en el marco del proceso por la licitación de pasaportes de 2023. El caso quedó en manos de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que programó la audiencia de formulación de acusación para el próximo 23 de abril bajo la ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barrero.

El proceso entra así en fase de juicio, luego de que el ente acusador concluyera que existen elementos suficientes para cuestionar las decisiones que tomó Leyva como ministro de Relaciones Exteriores frente al contrato para la expedición de pasaportes. La investigación penal se centra en la declaratoria de desierta de la licitación 001 de 2023 y en la posterior decisión de acudir a la figura de urgencia manifiesta para contratar el servicio.

La acusación se apoya en los mismos hechos que ya derivaron en sanciones disciplinarias. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por diez años al exministro al considerar que declaró desierto el proceso sin fundamentos suficientes, pese a que la empresa Thomas Greg & Sons cumplía los requisitos establecidos. Para el Ministerio Público, esa decisión vulneró principios de la contratación estatal y careció de sustento técnico y jurídico.

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Según la Fiscalía, las actuaciones administrativas adoptadas por Leyva habrían sido contrarias a la ley y se habrían emitido con pleno conocimiento de su ilegalidad, elemento clave para configurar el delito de prevaricato por acción. El expediente examina tanto la cancelación del proceso licitatorio como la justificación de la urgencia manifiesta, una figura excepcional que permite contratar de manera directa en situaciones críticas.

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El origen del caso se remonta a la gestión de Leyva como primer canciller del gobierno de Gustavo Petro, cargo que ocupó hasta mayo de 2024. Durante su administración, la Cancillería decidió interrumpir un contrato que durante cerca de dos décadas había estado en manos del mismo operador, lo que generó tensiones políticas y una crisis en la expedición de pasaportes.

Leyva ha sostenido públicamente que sus decisiones buscaron proteger el interés general, revisar a fondo un esquema contractual prolongado y evitar la concentración del servicio en un solo proveedor. Esa será la base de su defensa en el proceso penal que ahora inicia.

El caso también refleja un debate más amplio sobre los límites de la discrecionalidad de los altos funcionarios en la contratación pública. Las autoridades deberán determinar si las decisiones del excanciller fueron una intervención legítima dentro de sus competencias o si constituyeron actos abiertamente contrarios al ordenamiento jurídico.

La audiencia del 23 de abril marcará el inicio formal del juicio y definirá el rumbo procesal del caso, incluida la práctica de pruebas y el calendario de diligencias. El proceso podría extenderse durante varios meses mientras la Corte evalúa la responsabilidad penal del exministro.