Quito, 7 de abril de 2026 – Ecuador elevó la tensión diplomática con Colombia al enviar una nota de protesta y llamar a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el exvicepresidente Jorge Glas. La medida fue adoptada el día de ayer de que el mandatario colombiano insistiera en calificar a Glas como “preso político” y planteara su liberación o eventual entrega a Colombia.

La Cancillería ecuatoriana remitió la comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano con una “más enérgica protesta” por lo que considera una intromisión en asuntos internos. Según la posición oficial, las afirmaciones de Petro buscan deslegitimar decisiones firmes de la justicia ecuatoriana y vulneran el principio de no intervención entre Estados.

El origen inmediato del choque está en un mensaje publicado por Petro en la red X, en el que aseguró que “en América no deben existir presos políticos” y afirmó que Glas es “indudablemente” uno de ellos. En ese mismo pronunciamiento, el presidente colombiano indicó que durante un encuentro previo con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, solicitó su liberación o su traslado a Colombia en condición de ciudadano colombiano.

En contexto: Gustavo Petro llama “preso político” a Jorge Glas y Daniel Noboa le responde

La respuesta de Quito fue más allá de una declaración pública. El llamado a consultas de su embajador en Bogotá es una señal diplomática de alto nivel que expresa malestar institucional y marca un enfriamiento en la relación bilateral, aunque sin ruptura formal. Además, la nota pidió a Colombia abstenerse de insistir en el caso y concentrar la agenda común en temas prioritarios como la seguridad fronteriza, la cooperación judicial y el comercio.

El fondo de la disputa es la situación de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, quien cumple varias condenas por corrupción. La justicia ecuatoriana le impuso 8 años de prisión por asociación ilícita y cohecho, además de otra pena de 13 años por peculado. Para el gobierno de Noboa, se trata de sentencias legítimas derivadas de procesos judiciales concluidos. En contraste, Petro ha sostenido que el caso tiene implicaciones políticas y de derechos humanos.

Desde Quito, la canciller Gabriela Sommerfeld defendió la actuación del sistema judicial ecuatoriano y rechazó cualquier intento de intervención externa. Señaló que Colombia no debería pronunciarse sobre decisiones judiciales internas ni promover acciones ante organismos internacionales en favor de una persona condenada por delitos comunes. También subrayó que Ecuador no opina sobre procesos judiciales en Colombia.

La tensión entre ambos países venía escalando en los últimos meses, en paralelo a los pronunciamientos reiterados de Petro sobre Glas y la concesión de nacionalidad colombiana al exvicepresidente. El nuevo episodio marca una fase más visible del conflicto, con implicaciones para una relación bilateral que abarca asuntos sensibles como seguridad, migración y comercio.

El caso Glas se ha convertido en un punto de fricción que combina elementos de soberanía judicial y lecturas políticas contrapuestas. Mientras Colombia lo presenta como un asunto de derechos humanos, Ecuador lo defiende como una decisión soberana de su sistema de justicia.

Nota de protesta del Gobierno de Noboa