Bogotá, 8 de abril de 2026 – El proceso contra Nicolás Petro volvió a escalar en tensión tras un mensaje público de Day Vásquez, testigo clave de la Fiscalía, quien advirtió en la red X que el día que decida hablar “vuelan cabezas” y que ese momento “se está acercando”. La declaración se produce en plena fase de audiencias preparatorias, donde se define qué pruebas serán admitidas en el juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La reacción de la defensa fue inmediata. El abogado Alejandro Carranza sostuvo que cada vez que cuestiona a Vásquez en los estrados o se opone a decisiones que la favorecen, la respuesta no es jurídica sino a través de mensajes que calificó como amenazas públicas cada vez más graves. El cruce refleja un nuevo punto de confrontación entre la principal testigo y el equipo defensor, en un momento clave del proceso.

El foco de la discusión está en el celular que Vásquez entregó en marzo de 2023. La Fiscalía lo considera una pieza central, con mensajes y registros que sustentarían la acusación sobre dineros presuntamente irregulares vinculados a la campaña presidencial de 2022. La defensa, en cambio, busca excluirlo al alegar fallas en la cadena de custodia y cuestionar la forma en que el material fue incorporado al expediente.

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La fiscal Lucy Laborde Betancourt ha defendido la legalidad del dispositivo y sostiene que fue entregado de manera voluntaria, lo que descarta vulneraciones de derechos. Según su postura, las objeciones de la defensa apuntan más a la credibilidad del contenido que a su validez jurídica, un aspecto que deberá resolverse en el juicio y no en esta etapa preliminar.

El juez deberá decidir si admite o no esa evidencia, una determinación que puede redefinir el alcance del caso. Si el celular entra al juicio, la Fiscalía contará con un soporte relevante para su teoría; si es excluido, la acusación perdería uno de sus elementos más sólidos.

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El caso tiene un trasfondo político que mantiene el escrutinio público. Las denuncias iniciales de Vásquez apuntan a presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de 2022, lo que amplía el impacto más allá del hijo del presidente. Su eventual ampliación de declaraciones podría involucrar a otros actores y elevar el costo político del proceso.

Mientras tanto, la confrontación entre la testigo y la defensa se traslada tanto a los estrados como a las redes sociales. Aunque estos mensajes no determinan las decisiones judiciales, sí inciden en la percepción pública de un proceso que avanza hacia su fase más decisiva.