Bogotá, 8 de abril de 2026 – La Corte Constitucional se reunirá el día de mañana desde las 9:00 de la mañana para definir si declara exequible o inexequible la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025. La decisión determinará si el Gobierno conserva o pierde las facultades extraordinarias y las medidas fiscales adoptadas bajo ese estado de excepción, que permanecen suspendidas de forma provisional.

El análisis se centra en el Decreto 1390, expedido el 22 de diciembre, con el que el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país. Según el Gobierno, la medida buscaba enfrentar una combinación de crisis fiscal, presión sobre el gasto público, efectos climáticos y limitaciones presupuestales. Con base en esa declaratoria se emitieron decretos legislativos adicionales, incluidos algunos de carácter tributario para 2026.

El expediente ya tuvo una decisión preliminar. El 29 de enero de este año, la Corte suspendió provisionalmente el decreto al considerar que podría ser manifiestamente inconstitucional. En ese momento, el tribunal advirtió que el Gobierno no habría demostrado de forma suficiente la existencia de hechos sobrevinientes, imprevistos o irresistibles que justificaran acudir a un estado de excepción. La medida cautelar dejó en pausa todas las disposiciones derivadas de la emergencia mientras se resolvía el fondo del caso.

En contexto: Corte Constitucional suspende emergencia económica de Petro

La Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso con un concepto que pide declarar inconstitucional la mayor parte del decreto. El Ministerio Público sostiene que el Ejecutivo utilizó la figura de la emergencia para introducir cambios tributarios que debieron tramitarse en el Congreso y que los problemas invocados no eran nuevos sino previsibles. También cuestiona la inclusión de rubros relacionados con defensa, protección, atención de desastres y pago de obligaciones atrasadas.

En contexto: Procuraduría lanza salvavidas a emergencia económica de Petro

El fallo que adopte la Sala Plena puede tener varios escenarios. La Corte puede tumbar completamente el decreto, lo que eliminaría la base jurídica de todas las medidas adoptadas; puede avalarlo de manera parcial, salvando algunos artículos; o, en un escenario menos probable, declararlo ajustado a la Constitución y levantar la suspensión vigente.

La decisión tiene implicaciones directas para contribuyentes, empresas y entidades públicas. Si el decreto es declarado inexequible, las medidas tributarias y fiscales asociadas perderían vigencia definitiva. Si es convalidado, el Gobierno recuperaría herramientas excepcionales para intervenir en la economía en medio de las actuales restricciones fiscales.

El caso también marca un punto de tensión institucional. La Corte debe definir si el Ejecutivo actuó dentro de los límites constitucionales o si excedió sus competencias al asumir funciones que corresponden al Congreso mediante el uso de facultades extraordinarias. El resultado fijará un precedente sobre el alcance de las emergencias económicas en Colombia.