Bogotá, 7 de abril de 2026 – La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, solicitó el día de hoy a la fiscal general Luz Adriana Camargo la reactivación inmediata de las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, líder de una disidencia de las Farc en proceso de negociación con el Gobierno.

Valencia argumenta que la suspensión de estas órdenes, otorgada bajo la Ley de Paz Total, permitió al jefe disidente fortalecer militar y financieramente su estructura, e incluso infiltrarse en instituciones como el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En la misiva, Valencia cita la sentencia C‑525 de 2023 de la Corte Constitucional y la Ley 2272 de 2022 para respaldar que, ante evidencias de actividades criminales continuas, mantener la suspensión de la captura es insostenible. Señala que desde 2024, cuando se suspendió la orden a solicitud del Gobierno, la organización de “Calarcá” habría incrementado su personal a 27.000 hombres en armas, con aumentos de 33% en secuestros, 46% en extorsiones y 119% en actos terroristas, según reportes de la Fiscalía y estadísticas de violencia recientes.

La senadora advierte que la dependencia de decisiones en mesas técnicas cada 15 días entre Fiscalía y Ejecutivo ha retrasado la acción, situación que califica de “inaceptable”. En su tuit acompañante, enfatizó que la Fiscalía debe actuar de inmediato y no permitir que los mayores criminales del país transiten libremente.

La fiscal Luz Adriana Camargo ha reconocido hechos graves asociados con “Calarcá” y había considerado reactivar la orden de captura, pero tras reuniones con delegados del Alto Comisionado para la Paz, decidió mantenerla suspendida mientras se evalúa el caso. Las recientes investigaciones de la Fiscalía incluyen análisis de dispositivos incautados en julio de 2024 en Anorí, Antioquia, donde se abrieron cinco líneas de investigación, entre ellas presunta infiltración de la Fuerza Pública y la DNI, financiamiento ilegal y creación de empresas vinculadas al grupo disidente.

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El caso ha generado debate político en el marco de la campaña presidencial de 2026, poniendo en tensión la política de Paz Total y la percepción pública sobre la capacidad de la Fiscalía para garantizar justicia frente a los grupos armados. No se ha registrado respuesta formal de la fiscal general a la carta de Valencia ni pronunciamientos específicos del Ministerio de Defensa o la DNI sobre las acusaciones de infiltración.

La situación mantiene abierta la discusión sobre la efectividad del mecanismo de suspensión de capturas en procesos de negociación y la seguridad del país frente a disidencias armadas.