Bogotá, 6 de abril de 2026 – La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía citará a audiencia de imputación de cargos a Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe disidente de las Farc y actual vocero en la política de “paz total”, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. La decisión se produce pese a que su orden de captura está suspendida y va acompañada de solicitudes al Gobierno para retirarle ese estatus.

Según explicó Camargo en entrevista con Caracol Radio, la entidad ya radicó dos oficios ante el presidente Gustavo Petro. En ellos pide revocar la designación de “Calarcá” como miembro representante en la mesa de diálogo y reactivar las órdenes de captura en su contra. De manera paralela, avanzará la citación formal para imputarle cargos en un proceso que, dijo, se programará con celeridad.

La investigación se sustenta en pruebas recopiladas en distintos procesos y en información extraída de dispositivos electrónicos incautados en 2024 durante un retén militar en Antioquia. De acuerdo con la Fiscalía, ese material evidenciaría que el jefe disidente habría continuado coordinando acciones armadas y actividades ilegales mientras estaba cobijado por la suspensión de captura.

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Entre los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de una lideresa indígena en Cauca y un ataque con minas antipersona contra una caravana militar en Antioquia que dejó varios soldados muertos. A esto se suman otras conductas en análisis que podrían configurar delitos de alta gravedad dentro del conflicto armado.

En una comunicación conocida públicamente, la fiscal también expuso al Ejecutivo un conjunto más amplio de señalamientos que incluyen una masacre de militares en Valdivia, homicidios de integrantes de estructuras disidentes en Caquetá, acciones terroristas en Meta, así como extorsiones, desplazamientos forzados y delitos ambientales.

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La decisión abre un frente de tensión entre la acción judicial y la política de negociación con grupos armados. La Fiscalía busca avanzar en el proceso penal sin esperar el desarrollo de la mesa de diálogo, bajo el argumento de que los hechos investigados habrían ocurrido después de que Díaz Mendoza recibiera el reconocimiento como vocero en enero de 2025.

El caso se produce en medio de cuestionamientos recientes por hechos de violencia atribuidos a la misma estructura, incluido un atentado con explosivos en Antioquia. Ese contexto ha incrementado la presión sobre el Gobierno para revisar los beneficios otorgados dentro de la “paz total”.

La determinación que adopte el Ejecutivo frente a las solicitudes de la Fiscalía será clave para definir el futuro judicial de “Calarcá” y el alcance de su participación en el proceso de negociación.