Bogotá, 7 de abril de 2026 – La fiscal general, Luz Adriana Camargo, calificó como “gravísimo” que el presidente Gustavo Petro mencionara en redes supuestos informes de inteligencia con conversaciones entre el candidato Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, vinculados a Thomas Greg & Sons, en plena campaña presidencial. La funcionaria advirtió que le preocupa cómo esa información llegó al jefe de Estado, dado el carácter reservado de cualquier interceptación.

Camargo explicó que las escuchas legales requieren orden judicial y están bajo control de fiscales, dentro de miles de procesos activos, por lo que su contenido no es de conocimiento público ni siquiera para la dirección de la entidad. Señaló que la Fiscalía revisa si existe alguna interceptación relacionada con los nombres mencionados, aunque insistió en que esos datos están protegidos por reserva.

El pronunciamiento se dio luego de que Petro afirmara en X que existirían informes basados en conversaciones que sugerirían un acuerdo para favorecer electoralmente a De la Espriella a cambio de revertir cambios en el modelo de pasaportes. La campaña del candidato interpretó el mensaje como evidencia de acceso indebido a comunicaciones privadas.

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De la Espriella negó cualquier vínculo con los Bautista y denunció un “complot” del Gobierno. Retó al presidente a presentar pruebas y aseguró que renunciaría a su candidatura si se comprueba la existencia de esas conversaciones. En sentido contrario, pidió que Petro deje el cargo si no logra sustentarlas.

El equipo jurídico del candidato radicó el 6 de abril una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que se investigue al presidente y a funcionarios de inteligencia por posible interceptación ilegal de comunicaciones.

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El senador Mauricio Gómez Amín, cercano a la campaña, afirmó que se trata de una situación sin precedentes al involucrar a un presidente en la posible divulgación de interceptaciones sobre un candidato en contienda.

El caso revive el antecedente del escándalo del DAS, que llevó a la eliminación de ese organismo tras revelarse interceptaciones ilegales a opositores. Ese episodio motivó la creación de la actual Dirección Nacional de Inteligencia, bajo reglas más estrictas.

La controversia también se cruza con el conflicto entre el Gobierno y Thomas Greg & Sons por el contrato de pasaportes, tras cambios impulsados por la administración Petro. Según la versión difundida desde el Ejecutivo, existirían contactos entre empresarios y el candidato sobre ese tema, lo que este rechaza.

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En el fondo, la disputa plantea interrogantes sobre el uso de información de inteligencia, la reserva de las investigaciones judiciales y las garantías en medio de la campaña presidencial del 31 de mayo.

Se espera que la Comisión de Acusación evalúe la denuncia y que la Fiscalía avance en la verificación interna sobre posibles interceptaciones relacionadas con el caso, en medio de un clima político que eleva la tensión entre el Gobierno y la oposición