Bogotá, 7 de abril de 2026 – El exsenador Gustavo Bolívar desató una nueva controversia en la campaña presidencial tras advertir en la red X que un eventual gobierno del abogado Abelardo de la Espriella podría derivar en el regreso de los falsos positivos y en una “matanza brutal”. Su mensaje respondió a una publicación de una cuenta de seguidores del candidato que acusó a la izquierda de estar detrás de asesinatos y atentados, sin presentar pruebas.

El intercambio se produjo luego de que la cuenta “De La Espriella Presidente” afirmara que “la izquierda no tiene escrúpulos” y que sería capaz de matar, al tiempo que sugirió que sectores de esa orilla política estarían implicados en el atentado contra Miguel Uribe Turbay y en supuestos planes contra el propio De la Espriella. Bolívar cuestionó esas afirmaciones y señaló que acusaciones sin sustento desde la campaña podrían traducirse en persecuciones si llegan al poder.

En su respuesta, Bolívar vinculó al candidato con gobiernos anteriores al advertir un posible escenario de “Uribe 4.0, Duque 2.0”, en referencia a las políticas de seguridad que, según él, derivaron en violaciones de derechos humanos. La reacción generó una cadena de respuestas en la misma red social, donde seguidores del abogado replicaron con señalamientos contra el petrismo y lo acusaron de tener vínculos con estructuras armadas ilegales.

El debate se amplificó con la participación de otros usuarios que cuestionaron tanto al gobierno de Gustavo Petro como a líderes de izquierda, mientras se difundieron cifras y afirmaciones sobre violencia y justicia transicional, algunas de ellas sin precisión o contexto. Entre los temas más recurrentes estuvo la cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales documentadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, utilizada como referencia en la discusión.

El término falsos positivos alude a asesinatos de civiles cometidos por miembros del Ejército que luego fueron presentados como bajas en combate, principalmente entre 2002 y 2008. Este episodio se ha convertido en un punto central del debate político sobre seguridad y derechos humanos, especialmente en escenarios electorales.

La controversia actual refleja una polarización creciente en torno al modelo de seguridad que debería adoptar el país. Mientras sectores cercanos a De la Espriella insisten en una narrativa de mano dura frente al crimen y vinculan a la izquierda con actores armados, voces del petrismo advierten sobre el riesgo de repetir prácticas del pasado asociadas a ejecuciones extrajudiciales.

A medida que avanza la contienda presidencial de 2026, la seguridad, la memoria de las víctimas y la responsabilidad por la violencia continúan como ejes centrales del debate, con un impacto directo en el tono y el contenido de la discusión pública.