Bogotá, 7 de abril de 2026 – La fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y la Dirección Nacional de Inteligencia para frenar la extradición de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, y calificó esa versión como “delirante”. La controversia surge tras señalamientos del mandatario sobre presuntos intentos de funcionarios de obtener beneficios de la red criminal del llamado “zar del contrabando”.

Camargo afirmó que la Fiscalía no tiene competencia en la ejecución de extradiciones y explicó que el caso depende actualmente de decisiones de autoridades extranjeras. Precisó que Portugal ya aprobó en primera instancia la entrega de Marín a Colombia, pero el proceso está suspendido mientras se resuelve una solicitud de asilo presentada por el acusado ante el Ejecutivo portugués.

El pronunciamiento de la fiscal se produjo luego de que Petro, en mensajes publicados en redes sociales, asegurara que investigadores y agentes de inteligencia habrían intentado negociar con Marín ventajas judiciales y recursos económicos. El presidente sostuvo además que el hecho de que el procesado no esté detenido en Colombia refleja un acto de corrupción estatal que se arrastra desde administraciones anteriores.

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En paralelo a la disputa política, el proceso judicial contra Marín avanza en Colombia. La Fiscalía lo acusó por concierto para delinquir agravado y cohecho, y lo llamó a juicio ante un juez especializado en Bogotá. Según el ente acusador, existen pruebas de pagos de sobornos y entrega de beneficios a funcionarios para facilitar operaciones de contrabando.

El caso también se apoya en investigaciones que documentan múltiples episodios de corrupción en entidades como la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian. De acuerdo con esas indagaciones, Marín habría articulado una red que incluía pagos directos a uniformados y entrega de bienes de alto valor a servidores públicos.

La tensión política se intensificó tras la divulgación de audios sobre reuniones entre el entonces director de la DNI, Jorge Lemus, y el abogado de Marín, en las que se discutían posibles beneficios a cambio de colaboración. Estos hallazgos motivaron las denuncias del presidente sobre eventuales irregularidades dentro de organismos del Estado.

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Camargo respondió que al asumir el cargo encontró investigaciones desorganizadas y sin suficiente capacidad operativa, y aseguró que su administración ha buscado estructurar los casos para avanzar en la judicialización de la red. Insistió en que no existe ningún acuerdo para impedir la extradición y reiteró que la decisión final está en manos del gobierno portugués.

El caso se mantiene en dos frentes. Mientras en Europa se define la solicitud de asilo que condiciona la extradición, en Colombia continúa el juicio penal contra Marín. La evolución de ambos procesos será determinante para establecer si el acusado enfrenta una condena en el país y para esclarecer las denuncias sobre posibles irregularidades dentro de entidades estatales.