Bogotá, 6 de abril de 2026 – La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó que se revocó la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura que habían sido levantadas días atrás contra cabecillas criminales en el Valle de Aburrá, dentro del proceso de “paz urbana” en Medellín. La medida se formalizó mediante la Resolución 0079, mientras que siete suspensiones continuarán vigentes.

La decisión modifica parcialmente la Resolución 00072, emitida a finales del mes pasado, que había suspendido temporalmente las órdenes de captura de 23 personas vinculadas a la mesa de diálogo instalada en la cárcel de Itagüí. De acuerdo con la información difundida en medios, la corrección responde a que algunos de los beneficiarios ya están privados de la libertad, lo que hacía improcedente mantener la suspensión en su caso.

Camargo explicó todo esto durante una entrevista con Caracol Radio, donde además dijo que la revocatoria se comunicó previamente a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y al Inpec, destacando que la solicitud original del Gobierno Nacional contenía información omitida. Esto implicaba que la primera resolución estaba jurídicamente incompleta para ciertos casos, y por ello la Fiscalía ajustó la medida.

La suspensión inicial generó polémica por favorecer temporalmente a 23 jefes de estructuras criminales durante un periodo de seis meses, en el marco de la política de “paz total” del Gobierno Nacional.

En contexto: Gobierno Petro respalda la decisión de suspender órdenes de captura a 23 líderes criminales en Medellín

La corrección parcial busca equilibrar los objetivos de negociación con la acción judicial, diferenciando entre cabecillas en libertad y los que ya cumplen condena, mientras mantiene activas siete órdenes de captura para quienes siguen fuera de los centros penitenciarios.

La decisión se produce en un contexto político sensible, con cuestionamientos previos de autoridades como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y una amplia cobertura mediática que resaltó la cercanía de las elecciones presidenciales y el impacto de la medida en la legitimidad del proceso de paz urbana. La Fiscalía asegura que la revocatoria parcial respeta los criterios legales y garantiza la continuidad del seguimiento penal sobre los cabecillas aún en libertad.