Bogotá, 7 de abril de 2026 – La Fiscalía General de la Nación presentó el día de hoy el escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Con esta acción, el caso UNGRD entra formalmente en etapa de juicio por delitos que incluyen concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Fernando Sandoval Vargas, radicó un documento de 34 folios acompañado de un anexo probatorio de 251 folios, actas de audiencias previas y un DVD, que constituyen la base de la acusación formal. La Fiscalía ya había imputado a los dos exministros en diciembre de 2025, por lo que esta presentación no representa una nueva imputación, sino el cierre de la fase de acusación y el inicio del juicio.

De acuerdo con la teoría del caso, Bonilla y Velasco habrían liderado una organización criminal que utilizó contratos de la UNGRD y del Invías para obtener respaldo político en el Congreso. Según el expediente, el esquema incluyó la entrega o promesa de 74 proyectos del Invías por más de 571.000 millones de pesos y cinco proyectos adicionales de la UNGRD por más de 40.000 millones de pesos, dirigidos a congresistas de varias comisiones y a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

La Fiscalía sostiene que los exministros “se enfocaron en satisfacer intereses individuales” y promovieron la entrega de contratos para asegurar votos favorables a reformas del Gobierno de Gustavo Petro y a millonarios créditos para la Nación. Los contratos cuestionados abarcan proyectos de infraestructura y carrotanques para La Guajira, entre otros.

Bonilla y Velasco niegan los cargos y alegan persecución política. Las confesiones del exdirector y exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, fueron clave para reconstruir el entramado de direccionamiento contractual y favores políticos que ahora sustenta la acusación.

El paso a juicio ante la Corte Suprema tiene un impacto penal y también político, pues pone bajo escrutinio la gestión de recursos públicos y la influencia de contratos estatales en votaciones del Congreso. La Sala Especial de Primera Instancia será la encargada de recibir y tramitar el juicio, garantizando que el proceso se lleve a cabo por la jurisdicción competente para exministros.