Bogotá, 5 de abril de 2026 – Una investigación periodística revelada ayer expuso presuntos contactos entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, incluyendo al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, y el entorno de Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», señalado como uno de los mayores contrabandistas del país.

Los acercamientos, revelados por Noticias Caracol, habrían incluido reuniones a puerta cerrada en 2025, grabaciones de audio y video, y posibles ofrecimientos de beneficios judiciales para facilitar una eventual entrega. Los encuentros se realizaron el 26 de febrero y el 26 de marzo de 2025 en la sede de la DNI, con la participación de Lemus y Luis Felipe Ramírez, abogado de «Papá Pitufo». Según los audios divulgados, Lemus habría planteado otorgar beneficios a cambio de colaboración con las autoridades, indicando que lo relevante era que “el hombre venga y hable”.

La información también indica que los contactos no habrían sido aislados. Versiones periodísticas sostienen que al menos cuatro personas vinculadas al Gobierno mantuvieron comunicación directa con Marín o su entorno, incluso cuando este ya se encontraba fuera del país. Además, se menciona la participación de intermediarios que habrían actuado como emisarios, lo que amplía el alcance de la posible red de interlocución.

Durante uno de los encuentros, el abogado de Marín aseguró tener canales de comunicación con Carlos Ramón González, exfuncionario hoy prófugo de la justicia, y sugirió que estos vínculos podían servir para hacer llegar mensajes al presidente. En esa misma conversación, el emisario afirmó que el entorno del contrabandista había advertido sobre un supuesto plan de atentado contra Petro en Cali, lo que habría sido presentado como muestra de acceso a información sensible.

Otro elemento señalado es la entrega del número personal de Lemus al emisario, lo que sugiere continuidad en las comunicaciones. El propio exdirector de la DNI reconoció la existencia de las reuniones y aseguró que se realizaron con conocimiento del presidente Petro, bajo la premisa de facilitar un eventual proceso de colaboración. Según esa versión, la instrucción habría sido privilegiar que Marín entregara información.

El caso se conecta con investigaciones previas sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022. Desde 2025 se indaga si 500 millones de pesos provenientes del contrabando habrían ingresado a esa campaña y si posteriormente fueron devueltos, un hecho que no ha sido esclarecido de forma concluyente.

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Hasta ahora no se conoce la lista completa de los supuestos emisarios mencionados ni los beneficios específicos que se habrían ofrecido. Tampoco hay confirmación judicial sobre la autenticidad total de los audios y videos divulgados, más allá de las verificaciones periodísticas. Las respuestas de los involucrados siguen siendo parciales y el caso continúa en desarrollo.