Bogotá, 5 de abril de 2026 – La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó al gobierno de Gustavo Petro entre este viernes y el día de hoy por presuntos vínculos de funcionarios de inteligencia con Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, y por posibles interceptaciones a la campaña de Abelardo de la Espriella. En mensajes y cartas públicas, Valencia pidió al presidente pruebas sobre la devolución de $500 millones que, según Petro, habrían ingresado a su campaña en 2022.

La controversia se reactivó tras una investigación de Noticias Caracol difundida el día de ayer, que reveló audios y reuniones secretas entre Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el abogado de Marín. Según la pesquisa, los encuentros ocurrieron a comienzos de 2025 y habrían incluido discusiones sobre beneficios judiciales y la entrega de Marín a la justicia colombiana.

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Valencia sostuvo que estos contactos podrían evidenciar un uso irregular de la inteligencia estatal y exigió claridad sobre los registros de la devolución de los $500 millones. En el video afirmó que lo revelado constituye un hecho de “extrema gravedad institucional” y preguntó directamente al Gobierno, “¿Dónde está el supuesto video donde devolvieron los 500 millones de pesos? ¿Dónde están las respuestas del presidente Petro sobre todos estos vínculos?”.

El caso de los $500 millones se remonta a 2025, cuando Marín habría intentado aportar esa suma en efectivo a la campaña de Petro, dinero que, según el mandatario, fue rechazado y devuelto, dejando un registro en video. Las nuevas filtraciones generan dudas sobre el manejo interno del caso y sobre el destino de esos registros.

Paralelamente, Valencia señaló posibles interceptaciones a la campaña de Abelardo de la Espriella, luego de que Petro publicara un trino aludiendo a conversaciones del candidato con empresarios de Thomas Greg & Sons. La senadora indicó que esas publicaciones podrían implicar acceso a informes de inteligencia o herramientas de vigilancia como Pegasus, lo que según ella evidencia un patrón de uso político del poder estatal.

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Valencia es la principal denunciante en este episodio, mientras Petro defiende la legitimidad de la inteligencia estatal y asegura que cualquier contacto con Marín tuvo como único fin su traslado a Colombia. Jorge Lemus, exdirector de la DNI, afirmó que grabó las reuniones para dejar constancia de que no hubo irregularidades. Diego Marín, involucrado en contrabando, es señalado como el presunto beneficiario de acercamientos de inteligencia. Abelardo de la Espriella figura como potencial víctima de interceptaciones, aunque no es el autor de la denuncia.

El debate se da en un contexto sensible: la DNI maneja información sobre crimen organizado y campañas políticas, y cualquier contacto con investigados puede tener repercusiones inmediatas. El episodio también afecta la campaña presidencial de 2026, al cruzar discusiones sobre dinero ilícito, espionaje e intereses electorales, mientras Valencia busca mostrar que se trata de un patrón de uso del poder estatal.

La senadora concluyó que el país necesita respuestas claras sobre la actuación de la inteligencia y la devolución de los fondos, insistiendo en que el Gobierno entregue pruebas concretas y evite interpretaciones que puedan perjudicar la confianza pública.