Bogotá, 6 de abril de 2026 – El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que no asistirá a las sesiones de la Junta Directiva del Banco de la República en protesta por la reciente alza de la tasa de interés de política monetaria a 11,25% y por la difusión de una comunicación interna que, según el Gobierno, se realizó sin consulta previa. La medida marcó un quiebre en la relación entre el Ejecutivo y el banco central, que ha defendido su independencia para controlar la inflación.

La decisión que detonó la crisis fue tomada el pasado 31 de marzo, cuando la Junta aumentó la tasa en 100 puntos básicos, pasando de 10,25% a 11,25%, con una votación de cuatro contra tres. El ajuste entró en vigor el 1 de abril, generando rechazo del Ministerio de Hacienda, que consideró la medida desconectada de la realidad económica y social del país.

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Ávila sostuvo que la política monetaria no puede ser “absolutamente independiente” del manejo económico general y que el Ejecutivo buscará una mayor coordinación entre las decisiones del banco central y las prioridades fiscales y sociales. Advirtió además que habrá una “distancia significativa” hasta que se reconozca esa coherencia, una postura que implica un rompimiento de facto con el tono tradicional de diálogo entre Hacienda y el Emisor.

El Banco de la República, por su parte, justificó el incremento de la tasa como una medida necesaria para preservar la credibilidad de la política monetaria y contener la inflación, manteniendo su independencia técnica frente a presiones fiscales. Economistas y exfuncionarios advirtieron que la ausencia del ministro podría afectar la confianza de los mercados y complicar el funcionamiento de la Junta, incluida la sesión programada para el próximo 30 de abril, cuya realización depende de la presencia del representante del Gobierno.

Germán Ávila encabeza la posición del Ejecutivo frente a la política monetaria, mientras que la Junta Directiva del Banco mantiene su autonomía para fijar las tasas. La tensión refleja un choque entre la visión del Gobierno de Gustavo Petro, que busca coordinar la política fiscal con la monetaria, y la independencia constitucional del banco central, considerada clave para el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica.