Bogotá, 5 de abril de 2026 – La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, aseguró que la política de paz total le ha servido a los criminales, tras conocerse que la disidencia de las Farc liderada por alias Calarcá casi duplicó su tamaño mientras negocia con el Gobierno. Según información de inteligencia divulgada por prensa, el grupo pasó de 1.400 hombres en 2023 a cerca de 3.000 en 2026.

El pronunciamiento de Valencia se produjo a través de su cuenta en X, donde reaccionó a estos datos señalando que “la paz total le ha servido a los criminales”, en un mensaje con el que cuestiona directamente la estrategia del Gobierno y la vincula con el fortalecimiento de esta disidencia en medio de las negociaciones.

El Estado Mayor de Bloques y Frentes, estructura comandada por Alexander Díaz Mendoza, consolidó su presencia en al menos 10 departamentos y cerca de 100 municipios, con expansión en regiones como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Las autoridades advierten que el grupo ha fortalecido su control territorial y sus economías ilegales durante el proceso de diálogo.

Reportes de inteligencia indican que la organización opera a través de al menos 16 estructuras armadas distribuidas en tres bloques. Su crecimiento ha estado acompañado de un modelo de control basado en extorsión, narcotráfico y dominio de economías locales, así como en la apropiación de proyectos sociales impulsados en el marco de la negociación.

El fortalecimiento del grupo coincide con beneficios otorgados por el Gobierno para facilitar los diálogos, como la suspensión de órdenes de captura contra su máximo jefe. Esta situación ha generado cuestionamientos desde sectores políticos y autoridades regionales, que advierten sobre el riesgo de que la negociación esté permitiendo la expansión de la estructura armada.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que alias Calarcá “es un criminal que está delinquiendo” y sostuvo que debe ser capturado, aunque aclaró que las decisiones dependen de la continuidad de la mesa de diálogo. En paralelo, la Fiscalía evalúa reactivar la orden de captura suspendida en 2023.

Desde Antioquia, el secretario de Seguridad, Luis Eduardo Martínez, atribuyó a esta disidencia atentados recientes como la motobomba contra la estación de Policía de Briceño, y señaló que el grupo mantiene acciones violentas mientras participa en conversaciones con el Estado.

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El caso se ha convertido en uno de los principales focos de debate sobre la paz total. Analistas advierten que, pese a la inversión pública y los ciclos de diálogo, la organización no solo ha mantenido su capacidad armada sino que la ha incrementado, lo que pone en duda la efectividad de la estrategia para reducir la violencia y desmantelar estructuras ilegales.