Bogotá. 4 de abril de 2026 – Gustavo Petro desató una controversia política tras afirmar que existen informes de inteligencia sobre conversaciones entre empresarios del sector de pasaportes y el candidato Abelardo de la Espriella, en las que se habría negociado apoyo electoral a cambio de devolver un contrato estatal.

El señalamiento fue publicado el 4 de abril en la red social X, en medio de la disputa por el nuevo modelo de expedición de pasaportes que el Gobierno trasladó de la empresa privada Thomas Greg & Sons a la Imprenta Nacional con apoyo del gobierno de Portugal. Petro sostuvo que los hermanos Bautista, vinculados a esa firma, no han entregado las claves del sistema, lo que considera un riesgo para la información de los ciudadanos.

El punto más polémico del mensaje es la afirmación presidencial sobre supuestos reportes de inteligencia que darían cuenta de conversaciones entre los empresarios y De la Espriella, en las que se habría planteado devolver el contrato a cambio de “algoritmos” que asegurarían un triunfo electoral. El mandatario no presentó pruebas ni detalló el origen de esos informes.

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El candidato De la Espriella negó cualquier relación con los empresarios señalados y retó al presidente a divulgar las supuestas evidencias. En su respuesta, cuestionó la credibilidad del sistema de inteligencia del Gobierno y acusó a Petro de utilizarlo con fines políticos.

Dirigentes de oposición como Paloma Valencia y Mauricio Gómez advirtieron que, si existen interceptaciones de comunicaciones contra un candidato presidencial, se trataría de un hecho que compromete la legalidad y las garantías democráticas. También pidieron claridad sobre si dichas acciones cuentan con orden judicial y qué entidades estarían involucradas.

Otros sectores políticos plantearon la posibilidad de que se trate de espionaje ilegal, recordando antecedentes de “chuzadas” en el país y alertando sobre el uso de herramientas tecnológicas en procesos electorales.

El trasfondo del conflicto es la decisión del Gobierno de cambiar el modelo de expedición de pasaportes, retirando el contrato a Thomas Greg & Sons y asignándolo a la Imprenta Nacional. El Ejecutivo defiende el nuevo esquema como una forma de garantizar soberanía sobre los datos, mientras que organismos de control como la Procuraduría han cuestionado aspectos del proceso.

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En ese contexto, Petro también criticó al procurador Gregorio Eljach por lo que considera intentos de frenar el nuevo contrato, aunque no presentó pruebas de vínculos entre esa actuación y las supuestas conversaciones mencionadas.

Hasta ahora, no se conocen pronunciamientos detallados de las agencias de inteligencia ni de otras entidades del Estado que confirmen o aclaren la existencia, el origen o la legalidad de los informes citados por el presidente. Tampoco se han anunciado investigaciones formales, pese a los llamados de distintos sectores políticos para que se determine si hubo interceptaciones sin autorización judicial en medio de la campaña presidencial.