Bogotá, 4 de abril de 2026 – La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y veedores electorales abrir investigaciones urgentes por posibles interceptaciones ilegales, luego de que el presidente Gustavo Petro mencionara la existencia de informes de inteligencia con supuestas conversaciones que involucrarían al candidato.

El pedido surge tras un mensaje publicado por Petro el 4 de abril en su cuenta de X, en el que, en medio de la controversia por el contrato de pasaportes, afirmó que existen “informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”. Según el mandatario, en esos intercambios se habría planteado devolver el contrato de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons a cambio de “algoritmos” que asegurarían la presidencia al aspirante.

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La campaña del movimiento Defensores de la Patria sostiene que esa afirmación implica que el Gobierno tendría acceso a comunicaciones del candidato en plena contienda electoral. Por ello pidió establecer si dichas conversaciones fueron obtenidas mediante interceptaciones, si existieron órdenes judiciales y qué entidades habrían participado.

En respuesta, De la Espriella negó cualquier vínculo con los hermanos Bautista y retó al presidente a mostrar las supuestas grabaciones. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, afirmó, al tiempo que elevó el tono de sus críticas al acusar a Petro de persecución política y de intervenir en el proceso electoral.

El candidato también cuestionó el uso del sistema de inteligencia estatal y responsabilizó al presidente por el manejo del contrato de pasaportes. Desde su campaña, el episodio fue presentado como un posible uso abusivo de herramientas del Estado contra un opositor.

Hasta ahora, no se conocen pronunciamientos de los hermanos Bautista ni de la empresa Thomas Greg & Sons frente a las afirmaciones. Tampoco hay confirmación pública de investigaciones formales por parte de los organismos de control mencionados.

El origen del conflicto se remonta a la disputa por el contrato de pasaportes, que durante años estuvo en manos de Thomas Greg & Sons y que el Gobierno decidió trasladar a la Imprenta Nacional con apoyo tecnológico externo. La negativa de la empresa a entregar el PIK, según el presidente, es uno de los puntos de tensión.

En Colombia, la interceptación de comunicaciones requiere orden judicial y está sujeta a controles estrictos. Por ello, la referencia a informes de inteligencia sobre conversaciones de un candidato presidencial revive preocupaciones sobre posibles “chuzadas” y el uso político de los organismos de seguridad.

Por ahora, el caso se mantiene en el terreno de declaraciones cruzadas. No hay evidencia pública de los informes mencionados por el presidente ni claridad sobre su origen o legalidad, mientras la campaña insiste en que las autoridades deben esclarecer si hubo vigilancia irregular en medio del proceso electoral.