Bogotá, 5 de abril de 2026 – La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, acusó al gobierno del presidente Gustavo Petro de favorecer al Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, con contratos directos por más de 218.000 millones de pesos entre 2024 y 2026, y sugirió que estos recursos tendrían un trasfondo electoral en favor de Iván Cepeda y la dirigente indígena Aida Quilcué. La denuncia se basa en información publicada por medios nacionales y en registros oficiales de contratación.

De acuerdo con esos reportes, al menos 23 contratos fueron suscritos entre el Cric y varias entidades del Estado, entre ellas el Departamento Nacional de Planeación, ministerios como Salud, Educación, Minas e Interior, así como la Unidad Nacional de Protección y distintos fondos públicos. Los acuerdos se enmarcan en el modelo de asociaciones público-populares impulsado por el Gobierno, que permite contratar directamente con organizaciones territoriales bajo criterios como el conocimiento ancestral y la representatividad.

Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la firma de tres contratos por 3.929 millones de pesos el 30 de enero, un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que limita la contratación directa en periodo preelectoral. Aunque las firmas se realizaron dentro del marco legal, la cercanía con la restricción alimentó cuestionamientos sobre la oportunidad de los acuerdos.

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En una publicación en X, Cabal afirmó “¿Esa plata le llega a los indígenas? 218 mil millones de pesos en contratos para que apoyen electoralmente a Cepeda y Aida Quilcué, mientras tanto, miles de indígenas siguen viviendo en precarias condiciones”. Su crítica apunta tanto al impacto real de los recursos como a un posible uso político de la contratación.

Sin embargo, la información disponible no da cuenta de investigaciones fiscales o disciplinarias que prueben un intercambio directo entre contratos y apoyo electoral. El debate se mantiene en el terreno político y se sustenta en la coincidencia entre la magnitud de los recursos, su concentración en organizaciones con influencia territorial y el contexto preelectoral.

Expertos citados por la prensa han advertido que estos esquemas de contratación, aunque buscan fortalecer la autonomía de comunidades indígenas, pueden dificultar los controles sobre la ejecución de los recursos al prescindir de procesos competitivos tradicionales.

En paralelo, datos recopilados del Secop indican que la contratación con asociaciones indígenas y comunitarias supera los 31 billones de pesos durante la actual administración, lo que refleja la escala de este modelo de ejecución.

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El Gobierno ha defendido en distintos escenarios esta política, al señalar que busca descentralizar la inversión pública y reconocer capacidades locales para ejecutar proyectos en salud, educación y desarrollo territorial. No obstante, el señalamiento de la oposición reabre la discusión sobre los límites entre autonomía, control fiscal y uso político de los recursos públicos en medio del ciclo electoral hacia 2026.