Bogotá, 4 de abril de 2026 – El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe protagonizaron un nuevo enfrentamiento público en redes centrado en las cifras de masacres, la política de seguridad y el narcotráfico. El intercambio escaló desde críticas a la “paz total” hasta acusaciones cruzadas sobre responsabilidades en la violencia y presuntos vínculos con estructuras ilegales.
La discusión comenzó con un mensaje de Uribe, quien cuestionó el aumento de masacres durante el actual gobierno y comparó los datos con los de administraciones anteriores. “¿De qué se ufanan? Vergüenza les debería dar: 35 masacres en el primer trimestre. Paz Total. En 2020 hubo 10 masacres”, escribió, al insistir en un deterioro de la seguridad.
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Petro respondió con un señalamiento directo al exmandatario. “Señor de las masacres y de las haciendas (…) en su gobierno hubo las peores masacres de este siglo”, afirmó, al recordar hechos como la masacre de El Aro y otros crímenes cometidos por grupos paramilitares en los años noventa y dos mil. También cuestionó la adquisición de tierras por parte de la familia Uribe en contextos de expansión de la violencia.
Uribe rechazó los señalamientos y sostuvo que el mandatario se dedica a “calumniar”. Aseguró que en 2025 se registraron 75 masacres y que en lo corrido de 2026 ya van 35, cifras con las que insistió en que la violencia se mantiene alta. Sobre las tierras, afirmó que las propiedades familiares cuentan con escrituras desde 1962 y negó irregularidades.

El intercambio se amplió al tema del narcotráfico. Uribe señaló que la producción de cocaína habría pasado de unas 150 toneladas en 2010 a cerca de 3.000 en 2024, y que más de 2.000 toneladas habrían llegado al mercado ilegal tras decomisos. Estas cifras coinciden en magnitud con estimaciones recientes de organismos internacionales, que ubican la producción potencial en niveles históricos.

En el tramo final del cruce, el expresidente lanzó nuevas acusaciones contra el gobierno. Preguntó qué “planean” Petro e Iván Cepeda contra el candidato Abelardo de la Espriella y afirmó que existe una alianza con grupos narcocriminales que amenazan a dirigentes opositores. Estas afirmaciones han sido rechazadas por el senador Cepeda en otras ocasiones y no cuentan con respaldo judicial.
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El episodio se da en medio de una creciente tensión política por la seguridad y el proceso electoral de 2026. Informes de la Defensoría del Pueblo han advertido riesgos para candidatos en regiones con presencia de grupos armados, que siguen ejerciendo control territorial y presión sobre las comunidades.
El choque entre Petro y Uribe refleja la disputa de fondo sobre la política de seguridad. Mientras el gobierno defiende la paz total como estrategia para reducir la violencia, sectores de oposición sostienen que ha coincidido con un aumento de masacres y del poder de las economías ilegales.






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