Bogotá, 4 de abril de 2026 – Colombia registró 35 masacres y 133 víctimas entre enero y marzo de 2026, el balance más alto para un primer trimestre en la última década según Indepaz, lo que desató un nuevo choque político entre el expresidente Álvaro Uribe y el gobierno de Gustavo Petro por la situación de seguridad en el país.

El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz documenta que los homicidios colectivos ocurrieron en 34 municipios de 17 departamentos y afectaron tanto zonas rurales como urbanas. Entre las víctimas hay 74 hombres, 16 mujeres, 17 menores de edad y 40 personas sin identificar. El aumento fue acelerado en las últimas semanas de marzo, cuando se pasó de 21 casos a finales de febrero a 35 al cierre del trimestre.

El hecho más reciente ocurrió el 26 de marzo en Cajibío, Cauca, donde tres personas fueron halladas incineradas dentro de un vehículo. El comportamiento de 2026 rompe la tendencia de los dos años anteriores, cuando el primer trimestre cerró con 18 masacres en 2024 y 16 en 2025.

A partir de estos datos, Álvaro Uribe publicó un mensaje en X en el que cuestionó la política de “paz total” del gobierno Petro. “¡De qué se ufanan! Vergüenza les debería dar 35 masacres en el primer trimestre. Paz Total. En 2010 hubo 10 masacres, se venía de 112. Seguridad Democrática”, escribió el exmandatario.

El pronunciamiento reabre la discusión sobre los modelos de seguridad en el país. Uribe contrapone los resultados de su política de seguridad democrática con la estrategia actual basada en negociaciones y sometimientos de grupos armados, mientras el gobierno ha defendido la “paz total” como una apuesta de largo plazo frente a la violencia.

Indepaz señaló que, desde agosto de 2022 hasta marzo de 2026, se han registrado 319 masacres en Colombia. La organización también advierte que las cifras pueden diferir de las oficiales debido a criterios metodológicos distintos para definir estos hechos.

El instituto atribuye la variación de las masacres a factores como la reorganización de grupos armados tras el acuerdo con las Farc, la disputa por economías ilegales y los avances o retrocesos en procesos de negociación. Según su análisis, estructuras como el Clan del Golfo y disidencias guerrilleras continúan disputando control territorial en varias regiones.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas investigaciones sobre los casos reportados en 2026, con equipos especializados que buscan identificar responsables y esclarecer los móviles. Hasta ahora no se han presentado balances oficiales consolidados sobre capturas o imputaciones relacionadas con la mayoría de estos hechos.

El aumento de las masacres se convierte así en un nuevo punto de confrontación política, mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución de la seguridad y el impacto real de las estrategias del Estado frente a la violencia armada.