Quito, 2 de abril de 2026 – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve provincias y cuatro cantones adicionales para enfrentar al crimen organizado, una medida que incluye a Quito y Guayaquil y que suspende derechos como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.

El decreto, firmado el 2 de abril de 2026 en la víspera del feriado de Semana Santa, se sustenta en la existencia de una “grave conmoción interna” por el aumento sostenido de la violencia. La decisión permite a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin orden judicial e interceptar comunicaciones cuando existan indicios de actividad criminal.

La medida abarca las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones La Maná, Las Naves y Echeandía. Estas zonas concentran corredores estratégicos entre la costa, la sierra y la Amazonía, y varias de ellas ya habían estado bajo regímenes similares desde 2025.

Durante los 60 días de vigencia, las Fuerzas Armadas asumirán un rol activo en el control del orden interno junto con la Policía Nacional, con despliegues en calles, carreteras, puertos, fronteras y centros penitenciarios. El objetivo oficial es contener a grupos armados vinculados al narcotráfico y reducir los niveles de violencia.

El decreto se enmarca en la política de seguridad del gobierno, que mantiene desde 2024 la declaración de conflicto armado interno contra 22 organizaciones criminales. Bajo esta estrategia, el Ejecutivo ha recurrido de manera reiterada a estados de excepción y a operativos masivos que han movilizado decenas de miles de efectivos.

Cifras del propio gobierno indican que entre enero y noviembre de 2025 se registraron más de 8.300 homicidios, con una tasa cercana a 52 muertes por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región. Provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro acumulan más de 550 días bajo distintos regímenes de excepción desde 2024.

El gobierno sostiene que la suspensión temporal de derechos permitirá mejorar la recopilación de información y anticipar acciones de las bandas. En el decreto se advierte que persiste “la intensidad del accionar de los grupos criminales” que generan temor en la población.

Cuestionamiento por el impacto en derechos fundamentales

La reiteración de estas medidas ha generado cuestionamientos desde sectores académicos y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de normalizar restricciones a libertades fundamentales. La Constitución ecuatoriana permite estos mecanismos en situaciones excepcionales, pero exige que sean temporales y proporcionales.

Hasta el 3 de abril no se conocían pronunciamientos detallados de organismos como la Defensoría del Pueblo sobre este nuevo decreto. Sin embargo, en ocasiones anteriores se han señalado preocupaciones por posibles abusos en allanamientos e interceptaciones sin control judicial.

El nuevo estado de excepción se aplica en un contexto de creciente violencia asociada al narcotráfico, el tráfico de armas y la crisis carcelaria. Quito y Guayaquil, que concentran cerca de siete millones de habitantes, quedan ahora bajo un régimen que impacta directamente la movilidad, la actividad económica y la vida cotidiana en el país.