Bogotá, 1 de abril de 2026 – El Gobierno nacional defendió la suspensión temporal de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá como una herramienta jurídica para avanzar en la política de paz urbana. A través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aseguró que la medida busca facilitar conversaciones de sometimiento sin implicar beneficios penales automáticos ni excarcelaciones.

La administración del presidente Gustavo Petro sostuvo que este tipo de decisiones están contempladas en la Ley 2272 de 2022 y permiten contar con interlocutores dentro de las organizaciones para reducir la violencia y avanzar hacia su desarticulación. También indicó que los voceros que ya están privados de la libertad permanecerán en esa condición y que la suspensión solo habilita su participación en los espacios de diálogo.

En ese marco, el Gobierno destacó resultados asociados al proceso, como la reducción de homicidios entre 2024 y 2025 en Medellín y el Valle de Aburrá, así como la disminución de fronteras invisibles y otros indicadores de control territorial ilegal.

La decisión de la Fiscalía

La medida fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, que suspendió por seis meses las órdenes de captura contra estos 23 voceros de las denominadas Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto. La decisión tiene alcance en Medellín, municipios del Valle de Aburrá y otros territorios cuando sea necesario para las gestiones del proceso.

Los beneficiarios participan en el Espacio de Conversación Sociojurídico instalado desde 2023 en la cárcel de Itagüí, donde se desarrollan los diálogos de paz urbana con estas estructuras. Según la Fiscalía, la suspensión busca garantizar condiciones para avanzar en compromisos de sometimiento y reducción de la violencia.

La decisión ha generado cuestionamientos desde sectores de oposición y algunos líderes regionales, quienes advierten riesgos de otorgar beneficios a cabecillas criminales. Parte de las críticas se relacionan con la participación de algunos de estos voceros en un acto público con el presidente en Medellín en 2025.

El Gobierno sostiene que la suspensión es una medida temporal y condicionada, sujeta al cumplimiento de compromisos y a la evolución de indicadores de seguridad. La Fiscalía, por su parte, podrá prorrogarla o revocarla según los avances del proceso y el comportamiento de las estructuras involucradas.