Bogotá, 31 de marzo de 2026 – La candidata presidencial Claudia López cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas criminales del Valle de Aburrá, al considerar que la medida favorece a estructuras delincuenciales que participan en el proceso de paz urbana impulsado por el Gobierno. La resolución, expedida el pasado 27 de marzo generó una controversia política en medio de la campaña electoral.

La determinación, identificada como la resolución 00072, responde a una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz dentro del espacio de conversación sociojurídico que funciona en la cárcel de Itagüí. La suspensión tiene una vigencia inicial de seis meses, prorrogables, y aplica en Medellín, municipios del Valle de Aburrá y otras ciudades para permitir la movilidad de los voceros en el marco de los diálogos.

López rechazó con firmeza el alcance de la medida de suspensión de órdenes de captura y anunció que interpondrá acciones legales ante distintas instancias judiciales y de control, incluyendo la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones y la Procuraduría General de la Nación. La candidata afirmó que “Hoy los dejan en libertad, en plena campaña electoral. No porque sean gestores de paz, sino para que le hagan campaña al candidato del presidente de la república y su partido”, señalando que la decisión no solo compromete la legitimidad del proceso de paz urbana, sino que además tiene un impacto directo en la contienda presidencial.

La candidata añadió que permitir la circulación de estos jefes de bandas en este contexto envía un mensaje equivocado sobre la lucha contra la criminalidad y la justicia, y subrayó su preocupación porque varios de los beneficiados no se encuentran actualmente privados de la libertad, lo que, según ella, debilita la percepción ciudadana sobre la equidad y eficacia del sistema judicial.

Según los reportes, al menos siete de los 23 cabecillas ya estaban en libertad al momento de la suspensión, e incluso algunos se encontraban fuera del país. Entre los nombres mencionados figuran alias “Douglas”, “Carlos Pesebre” y “Tom”, vinculados a estructuras como la Oficina y los Pachelly, con fuerte presencia en Medellín y su área metropolitana.

La Fiscalía defendió la medida al señalar que no implica la liberación automática de los beneficiados, sino una suspensión temporal de las órdenes de captura para facilitar su participación en el proceso. El ente acusador argumentó que la decisión se sustenta en resultados en materia de seguridad, como la reducción de homicidios entre 2024 y 2025 y la disminución de las denominadas fronteras invisibles en barrios de la ciudad.

El proceso de paz urbana, instalado desde 2023, busca la desarticulación de estructuras criminales y la transformación de economías ilícitas mediante el diálogo con voceros de bandas. Sin embargo, la iniciativa se desarrolla sin un marco jurídico aprobado por el Congreso, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y los límites de los beneficios otorgados.

La controversia se intensifica por el contexto electoral y antecedentes recientes, como el evento público de 2025 en el que el presidente Gustavo Petro compartió escenario con algunos de estos cabecillas. Mientras el Gobierno defiende el proceso como una herramienta para reducir la violencia, sectores políticos advierten que las concesiones podrían debilitar la acción de la justicia frente al crimen organizado.