Tel Aviv, 30 de marzo de 2026 – El Parlamento israelí, la Knéset, aprobó una ley que restablece y endurece la pena de muerte para palestinos condenados por ataques mortales contra ciudadanos israelíes, con 62 votos a favor y 48 en contra. La medida, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, se produce en un contexto de guerra en Gaza y de creciente violencia en Cisjordania, y ha generado críticas dentro y fuera del país por su alcance práctico y su carácter exclusivo para palestinos juzgados en tribunales militares.

La reforma establece la horca como método de ejecución y fija plazos acelerados, contemplando la pena capital dentro de los 90 días posteriores a la sentencia, mientras que la cadena perpetua queda como alternativa secundaria. En la práctica, la norma afecta únicamente a palestinos, quienes son juzgados en tribunales militares, mientras que los israelíes continúan sujetos a la justicia civil, donde la aplicación de la pena de muerte no opera de la misma manera. Organizaciones de derechos humanos y analistas la califican de discriminatoria y estructuralmente sesgada.

Ben-Gvir, principal promotor de la ley y dirigente del partido Poder Judío, celebró la votación como el cumplimiento de una promesa política, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu respaldó la aprobación como parte de la agenda de seguridad de la coalición. Por su parte, la Autoridad Palestina y diversas organizaciones humanitarias denunciaron la norma como ilegal y asociada a un castigo colectivo por identidad nacional, advirtiendo sobre posibles violaciones al derecho internacional y a la Cuarta Convención de Ginebra.

Antes de esta votación, la pena de muerte había estado prácticamente fuera del uso ordinario en Israel durante décadas. La reforma representa un giro jurídico y político, activando un castigo histórico en un contexto de conflicto armado y ocupación, lo que refuerza la percepción de la medida como una herramienta de disuasión y respuesta a ataques palestinos.

La UE critica ley israelí por ser discriminatoria

La Unión Europea expresó preocupación inmediata tras la aprobación de la ley, calificándola de “claro paso atrás” en derechos humanos y subrayando su carácter discriminatorio al aplicarse solo a palestinos. Portavoces del Servicio Europeo de Acción Exterior instaron a Israel a mantener la moratoria histórica sobre la pena de muerte, advirtiendo que la norma contradice estándares internacionales de derechos humanos. La UE destacó que la pena capital es incompatible con su política abolicionista y pidió su revisión.

Organizaciones de derechos humanos y la Autoridad Palestina fueron más allá, señalando que la ley podría constituir un crimen de guerra y anunciaron demandas ante el Tribunal Supremo israelí para declararla inconstitucional. Bruselas busca además marcar distancia frente a medidas regresivas y discriminatorias, reafirmando su postura abolicionista y su compromiso con la protección de los derechos fundamentales en contextos de conflicto.