Bogotá, 30 de marzo de 2026 – La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, publicó ayer un video y un mensaje en X en los que acusó al Gobierno de Gustavo Petro de permitir que grupos armados ilegales se aprovechen de las mesas de paz. La candidata sostuvo que el Pacto Histórico habría obtenido alrededor del 52% de sus votos en zonas de alto riesgo electoral, según datos interpretados de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Valencia grabó el video durante una visita de campaña en Valledupar, Cesar, en el marco de la Gran Consulta por Colombia, donde defendió un giro más duro en la política antidrogas y de seguridad. Afirmó que los grupos ilegales “nos están ganando porque están llenos de plata” y aseguró que la Paz Total se ha convertido en una herramienta de expansión territorial para estas estructuras. Aunque no presentó evidencia nueva que vincule directamente votos y coerción armada, construyó su argumento a partir del caso de alias Calarcá, jefe de disidencias, y de los mapas de riesgo electoral de la MOE.

El caso de alias Calarcá ha generado controversia porque la Fiscalía evalúa si reactiva las órdenes de captura que habían sido suspendidas en el marco de negociaciones de paz, tras presuntos delitos graves cometidos por su estructura. Según la fiscal Luz Adriana Camargo, la continuidad de conductas violentas y la falta de voluntad de paz podrían poner en riesgo los beneficios jurídicos otorgados a los negociadores.

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La MOE, por su parte, publicó un mapa de riesgo electoral que identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo y 81 en riesgo extremo, aunque no establece causalidad entre violencia y resultados de votación. Valencia utilizó esta información para sostener que la concentración de votos del Pacto Histórico en municipios en riesgo podría estar vinculada a la presencia armada, una interpretación que no cuenta con respaldo oficial ni ha sido verificada por las fuentes originales.

El Pacto Histórico y el Gobierno de Gustavo Petro no han emitido pronunciamiento público específico frente a las acusaciones de Valencia, y la cifra del 52% se ha convertido en un eje del debate político sobre seguridad, legitimidad electoral y alcance de la Paz Total. La discusión se enmarca en el contexto de las elecciones de 2026 y refleja la creciente polarización sobre la política de negociación con actores armados en Colombia.

La polémica también coincide con un aumento en la atención sobre territorios con riesgo electoral y con los esfuerzos de Valencia por consolidar un perfil de firmeza en seguridad, fortaleciendo su campaña presidencial a nivel nacional. La acusación pone en tensión la estrategia del Ejecutivo frente a la violencia y la percepción pública de la eficacia de la Paz Total, así como la interpretación de los resultados electorales en regiones con presencia de grupos armados.