Madrid, 30 de marzo de 2026 – El Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española, la Confer y el Defensor del Pueblo firmaron hoy un protocolo que establece un mecanismo de reparación e indemnización para víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial cuyos casos ya no pueden ser tramitados judicialmente. La iniciativa, que se basa en el acuerdo político alcanzado el 8 de enero de este año, crea un sistema mixto Iglesia-Estado en el que la Iglesia asumirá las compensaciones económicas y el Defensor del Pueblo revisará cada caso y propondrá las cuantías correspondientes.

El protocolo, firmado en Madrid, detalló que el sistema comenzará a funcionar el 15 de abril y permitirá que incluso quienes ya habían pasado por el plan PRIVA de la Iglesia puedan acogerse a esta vía. El Defensor del Pueblo será la autoridad encargada de examinar los expedientes y elevar una propuesta de resolución, que en caso de desacuerdo con la víctima tendrá la última palabra en la decisión final. La reparación podrá ser económica, psicológica, simbólica, restaurativa o espiritual, según lo indique la persona afectada.

El acuerdo no fija montos ni baremos cerrados de indemnización. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, explicó que se trata de una propuesta integral sin cifras predefinidas, dejando la valoración económica a la evaluación individual de cada caso. La Oficina del Defensor del Pueblo actuará como primera instancia de recepción y análisis, con intervención posterior de la comisión asesora del PRIVA, el plan interno de reparación de la Iglesia iniciado en 2024, que en su primer año tramitó 89 casos y resolvió 39, con pagos que oscilaban entre 3.000 y 100.000 euros.

El Gobierno había anticipado que las compensaciones asumidas por la Iglesia serían exentas de impuestos y que la reparación no se limitaría al ámbito eclesial, sino que también se contemplaría la atención integral de víctimas de abusos en otros contextos de la vida social. La firma del protocolo cierra dos meses de negociaciones y formaliza la relación entre el sistema PRIVA y la nueva vía mixta con participación institucional, marcando el inicio operativo para recibir solicitudes a partir de abril.

Este mecanismo busca atender un vacío histórico en la respuesta a víctimas de abusos eclesiales, cuyos casos no podían ser juzgados penalmente debido a la prescripción o al fallecimiento del agresor, ofreciendo un proceso extrajudicial con supervisión estatal y financiamiento eclesial. La medida se enmarca en la política de España de reconocer formalmente la deuda histórica con estas víctimas y garantizar la reparación, con una estructura que combina responsabilidad de la Iglesia y control del Estado.

La firma del protocolo contó con la presencia de los representantes de las instituciones involucradas y supone la primera vía formal que combina participación institucional y reparación extrajudicial, consolidando un modelo que intenta ordenar y ampliar los mecanismos de atención previamente desarrollados por el plan PRIVA.