Bogotá, 30 de marzo de 2026 – La fiscal general Luz Adriana Camargo cuestionó la permanencia de alias Calarcá en la mesa de negociación con el Gobierno luego de confirmar la veracidad del contenido incautado y los graves hechos relacionados a la cabecilla. Camargo pidió reactivar su orden de captura, por pruebas que lo vinculan con homicidios y una red de informantes dentro de entidades del Estado.

Según explicó la funcionaria en entrevista con El Espectador, la Fiscalía verificó durante cuatro meses la autenticidad de archivos extraídos de computadores y celulares incautados en Antioquia a mediados de 2024. El material, que incluye chats, correos y mensajes, fue atribuido al entorno del cabecilla disidente y ya había sido revelado parcialmente por otros medios.

Los análisis periciales permitieron establecer que en esas comunicaciones se ordenaban asesinatos de excombatientes y líderes sociales, además de detallar operaciones del grupo armado. En uno de los casos, la Fiscalía identificó mensajes que registrarían la orden y posterior confirmación del homicidio de un líder social, expediente que hoy investiga la Unidad Especial de Investigación.

Dentro del material también aparecen menciones al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Con base en estos hallazgos, la Fiscalía abrió una investigación formal contra ambos ante una fiscalía delegada ante la Corte Suprema

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“Es muy grave como para estar en una mesa de negociación”, afirmo, De acuerdo con Camargo, los documentos evidencian un nivel grave de infiltración de las disidencias en instituciones como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia. Según la funcionaria, esta información fue ratificada técnicamente y constituye uno de los elementos más delicados del caso.

En paralelo, la entidad solicitó reactivar órdenes de captura contra otros mandos del frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes ya han sido procesados en ausencia.

Camargo sostuvo que, aunque alias Calarcá fue designado gestor de paz y tenía suspendida su orden de captura en ese marco, la evidencia indica que habría continuado impartiendo órdenes criminales durante el proceso de diálogo. Por ello, pidió al alto comisionado para la Paz levantar la suspensión y permitir su captura.

La fiscal insistió en que la suspensión de órdenes de captura no implica detener los procesos judiciales y advirtió que las responsabilidades penales se mantienen vigentes incluso en escenarios de negociación.

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El caso se da en medio de tensiones sobre el alcance de la Ley de Paz Total, que permite suspender órdenes de captura bajo ciertas condiciones. La Fiscalía ha sostenido que esa medida no aplica cuando hay evidencia de continuidad delictiva o en casos de graves violaciones, criterio que ahora pone a prueba la permanencia de alias Calarcá como interlocutor en los diálogos.

Las decisiones que adopten las autoridades en las próximas semanas podrían marcar un precedente sobre los límites entre la negociación con grupos armados y la acción de la justicia.