Bogotá, 30 de marzo de 2026 – La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 010 de 2026 y advirtió un riesgo alto de confrontación armada en el municipio de Litoral del San Juan, en Chocó, por la disputa entre el ELN y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. La entidad señaló que la amenaza es inmediata y se concentra en el control del río San Juan y sus afluentes Munguidó y Calima, corredores clave para la movilidad de la población y el abastecimiento.

El informe advierte graves riesgos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ante la alta probabilidad de enfrentamientos entre ambos grupos armados. Según la Defensoría, el conflicto responde a una disputa territorial por rutas estratégicas que también son utilizadas para economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción de madera.

La alerta, fechada el pasado 18 de marzo, clasifica la situación como de inminencia, lo que implica que los hechos pueden materializarse en el corto plazo. La entidad indicó que las comunidades afrodescendientes e indígenas asentadas en la zona serían las principales afectadas por eventuales combates, con consecuencias como confinamiento, restricciones a la movilidad, desabastecimiento y desplazamientos forzados.

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De acuerdo con reportes conocidos por la Defensoría, al menos 1.367 personas, equivalentes a 465 familias, ya se encuentran en condición de confinamiento debido a la imposibilidad de transitar por los ríos. La situación se agravó en los primeros meses del año con hechos de violencia en el afluente Munguidó, entre ellos el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de dos personas, lo que incrementó el temor en las comunidades.

El organismo también identificó una reconfiguración armada en la región desde 2025. Según su análisis, el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central ha avanzado sobre territorios que históricamente estaban bajo control del ELN, lo que elevó la tensión y el riesgo de enfrentamientos directos. Esta expansión estaría vinculada al control de corredores estratégicos y a dinámicas de relevo entre actores armados ilegales.

La Defensoría emitió 17 recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional y territorial para prevenir la materialización de los riesgos. Entre las instituciones mencionadas están los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía y la Gobernación del Chocó. Hasta el momento no se conoce una respuesta pública detallada frente a estas advertencias.

El Litoral del San Juan es un municipio marcado por su geografía fluvial, donde los ríos funcionan como principales vías de transporte. Esta condición convierte el control de los cauces en un factor estratégico para los grupos armados, al permitir dominio sobre el tránsito de personas, bienes y rutas ilegales. En ese escenario, la población civil queda en medio de la disputa y enfrenta riesgos crecientes en su vida cotidiana.