Bogotá, 29 de marzo de 20262 – El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, rechazó haber pagado 2.000 millones de pesos en efectivo para la remodelación de su apartamento en el norte de Bogotá, en medio de la investigación penal que enfrenta por presunto tráfico de influencias. El directivo aseguró que tanto la compra del inmueble como las obras se financiaron con transferencias bancarias, recursos propios y créditos, y sostuvo que el valor real de la adecuación fue de 495 millones de pesos.

La versión de Roa contradice el testimonio del contratista Johny Giraldo, quien ante la Fiscalía afirmó haber recibido cerca de 2.000 millones en efectivo, entregados en cajas de cartón a través del abogado Hernando Ballesteros. Según el constructor, el costo total de la remodelación habría alcanzado los 2.300 millones de pesos.

Roa explicó que firmó la promesa de compraventa el 5 de diciembre de 2022 y que al día siguiente realizó un primer pago de 450 millones desde su cuenta personal. Aseguró que todas las transacciones posteriores quedaron registradas y dirigidas a la firma Princeton International Holdings, propietaria del inmueble. También negó haber tenido relación directa con el empresario Serafino Iacono, señalado como beneficiario de esa sociedad.

Sobre las obras, el presidente de Ecopetrol sostuvo que existe un documento firmado y notariado por Giraldo en mayo de 2024 que fija el costo total en 495 millones. Calificó como falsa la versión de pagos en efectivo y afirmó que la historia de las cajas de cartón “nunca ocurrió”.

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En contraste, documentos divulgados por medios incluyen un comprobante de septiembre de 2024 que registraría la entrega de 2.000 millones en efectivo por parte de un colaborador del empresario William Vélez a Ballesteros, supuestamente para cubrir la remodelación. Roa dijo que conoció ese documento por la prensa y cuestionó su validez.

La Fiscalía imputó al directivo en marzo de 2026 por posibles delitos relacionados con la compra del apartamento, cuyo valor comercial superaría los 2.700 millones de pesos, aunque fue adquirido por cerca de 1.800 millones. El ente investigador evalúa si hubo condiciones favorables derivadas de su posición y vínculos en el sector.

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De forma paralela, la Procuraduría adelanta un proceso disciplinario por un eventual conflicto de interés en la transacción. La entidad ya había advertido desde 2025 sobre la relación entre la empresa vendedora y actores del sector de hidrocarburos.

Roa también negó haber intervenido en decisiones estratégicas de Ecopetrol para favorecer intereses privados, entre ellas el proyecto de regasificación en Chuchupa-Ballena y la reversión de activos de Termomorichal. Insistió en que sus actuaciones han sido transparentes y atribuyó los señalamientos a intereses particulares.

Las investigaciones penales y disciplinarias continúan en curso y, hasta ahora, no hay decisiones de fondo que definan la responsabilidad del funcionario.