Bogotá, 28 de marzo de 2026 – Nuevos documentos conocidos por medios nacionales indican que Miguel Uribe Turbay solicitó de manera reiterada el refuerzo de su esquema de seguridad entre 2024 y 2025, sin que la Unidad Nacional de Protección realizara cambios sustanciales antes del atentado en el que fue gravemente herido y que meses después causó su muerte.

El expediente recoge múltiples comunicaciones enviadas por el entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, en las que advertía sobre amenazas de grupos armados ilegales y pedía ampliar la cobertura para él y su familia. Solo en 2025, su defensa asegura que se radicaron al menos 23 solicitudes sin que la entidad modificara el esquema vigente, compuesto por dos vehículos y tres escoltas.

Desde febrero de 2024, tras su proclamación como precandidato, Uribe Turbay pidió medidas adicionales que incluyeran mayor protección para su núcleo familiar, refuerzo en su residencia y acompañamiento en desplazamientos fuera de Bogotá. En una reunión con la Policía Nacional, el 30 de abril de ese año, expuso riesgos asociados a su perfil como opositor y crítico de la política de paz total del gobierno.

El expediente también consigna que el senador reportó amenazas provenientes de disidencias de las FARC, el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, además de hostigamientos atribuidos a sectores oficiales. En sus comunicaciones insistió en que el esquema resultaba insuficiente frente a su nivel de exposición pública.

Pese a estas advertencias, la resolución DRGP 011827 del 14 de noviembre de 2024, firmada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ratificó el nivel de riesgo extraordinario, pero mantuvo sin cambios el esquema de seguridad. La decisión incluyó cobertura formal para su esposa y sus hijos, sin aumento de personal ni de recursos.

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La UNP sostuvo que el esquema asignado se ajustaba a los protocolos establecidos para ese nivel de riesgo y señaló que la Policía era la encargada de evaluar y recomendar las medidas. Rodríguez afirmó que Miguel no tenía riesgo máximo y que el esquema era adecuado dentro de la categoría definida.

El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, durante un acto político. Un menor de edad se acercó entre los asistentes y disparó contra el senador. El senador murió el 11 de agosto de 2025 por complicaciones derivadas de las heridas.

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Las investigaciones judiciales han avanzado con condenas contra intermediarios en la logística del ataque, mientras un testigo ha señalado a la Segunda Marquetalia como responsable de ordenar el crimen. En paralelo, la Fiscalía anunció que llamará a interrogatorio al director de la UNP para esclarecer posibles omisiones en las decisiones previas al atentado.

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El caso ha reactivado cuestionamientos sobre la coordinación entre la UNP y la Policía en la evaluación del riesgo y la asignación de esquemas de protección. Documentos citados en las investigaciones indican que ambas entidades tenían conocimiento del nivel de amenaza que enfrentaba el dirigente político.

La revelación de estos documentos se suma a las críticas por la falta de ajustes en el esquema de seguridad pese al reconocimiento formal de riesgo extraordinario, en un contexto de alta polarización política y antecedentes de violencia contra líderes opositores en Colombia.