Bajo Cauca, 27 de marzo de 2026 – El Gobierno Nacional y los voceros de la Mesa Minera del Bajo Cauca antioqueño acordaron levantar el paro que durante casi dos semanas bloqueó vías en esa subregión y en el sur de Córdoba. El Ministerio de Minas y Energía destacó el acuerdo como un triunfo del diálogo y anunció compromisos en formalización, revisión de áreas mineras, medidas ambientales y desmonte voluntario de maquinaria usada en la extracción.

El paro comenzó el pasado 16 de marzo y afectó municipios como Caucasia, Valdivia y zonas del sur de Córdoba, generando alteraciones en movilidad, abastecimiento y servicios básicos. La negociación se desarrolló en varias rondas de diálogo entre el Gobierno y los representantes del sector minero, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, que velaron por los derechos de las comunidades y la prevención de confrontaciones.

El acuerdo incluye la realización de jornadas técnicas en los 10 municipios del área para acelerar la formalización de pequeños mineros, la consolidación de un distrito minero que ordene la actividad y la disposición voluntaria de dragas y dragones para reducir impactos ambientales. Además, contempla la diferenciación entre pequeña minería, minería informal e ilegal, con compromisos de revisión de títulos y verificación de áreas con participación institucional.

Durante el paro, se implementaron pasos intermitentes y corredores humanitarios para transporte de alimentos y atención médica. Con la firma del acuerdo, se restablecerá progresivamente la movilidad en la región, mientras las autoridades buscan garantizar la continuidad de la actividad minera bajo condiciones legales y ambientales claras.

El Ministerio de Minas comunicó en sus redes, “¡Tenemos acuerdo! Triunfó el diálogo y no la violencia. Ganaron los pequeños mineros y la protección de nuestros recursos naturales”, resaltando que la negociación permitió desactivar los bloqueos sin recurrir a la fuerza pública. La Gobernación de Antioquia y las alcaldías locales apoyaron el proceso, que buscó minimizar los impactos económicos y humanitarios en las comunidades afectadas.