Carchi, 28 de marzo de 2026 – El Ejército de Ecuador ejecutó una ofensiva militar en la frontera con Colombia que destruyó cerca de 50 bocaminas ilegales en el sector El Pablo, parroquia El Chical, en la provincia de Carchi. La operación, denominada “Fuego Letal”, se extendió durante cuatro días y, según el Ministerio de Defensa, golpeó economías ilícitas que generaban unos 300.000 dólares diarios, equivalentes a más de 100 millones anuales.

El despliegue incluyó bombardeo sostenido y saturación de fuego contra socavones, campamentos y estructuras de procesamiento aurífero. Para la intervención se utilizaron tres tanques AMX-13, morteros de 81 milímetros, un helicóptero artillado y armamento de apoyo, en lo que autoridades califican como un uso inédito de capacidades de combate pesado contra minería ilegal en la frontera norte.

El Ministerio de Defensa estima que la destrucción de la infraestructura minera representa una pérdida anual de entre 108 y 110 millones de dólares para redes criminales y grupos armados irregulares que operan en la zona. Aunque se reportó la neutralización de equipos y maquinaria, no hay información oficial sobre capturas o bajas durante la operación.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó en la red social X que la ofensiva “les arrebató cerca de 110 millones de dólares” a estas estructuras y advirtió que enfrentan dos salidas, la cárcel o la muerte. El gobierno sostiene que el objetivo es debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones vinculadas también al narcotráfico y la extorsión.

La intervención se enmarca en la estrategia de seguridad del presidente Daniel Noboa, que ha declarado una guerra contra el crimen organizado y ha catalogado a varias de estas estructuras como organizaciones terroristas.

La zona intervenida es de difícil acceso y había registrado una expansión de la minería ilegal de oro, actividad que, según autoridades, ha transformado la dinámica económica local y ha atraído redes criminales y violencia asociada.

La operación ocurre semanas después de un incidente en la frontera con Colombia por una bomba sin explotar hallada en territorio colombiano tras un ataque previo contra el grupo disidente Comandos de la Frontera. El hecho generó tensión diplomática entre ambos países.

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Una comisión técnica binacional concluyó que existe alta probabilidad de que el artefacto impactara primero en territorio ecuatoriano y luego cruzara la frontera sin causar daños. Tras ese análisis, los gobiernos de Ecuador y Colombia dieron por superado el episodio y acordaron manejar estos casos por canales diplomáticos.

En este contexto, la ofensiva en El Chical se presenta como parte de una política sostenida para atacar economías ilegales en una de las zonas más sensibles de la frontera norte, donde convergen minería ilegal, narcotráfico y presencia de grupos armados.