Bogotá, 28 de marzo de 2026 – El Gobierno de Gustavo Petro aprobó un documento Conpes que habilita 13 billones de pesos para la modernización de la Fuerza Pública. Los ministros de Interior y Defensa celebran la inversión que se ejecutará en los próximos diez años y que hace parte de un paquete que eleva el gasto reciente en defensa a 31,6 billones de pesos.

El plan contempla la renovación de armamento, infraestructura, logística y capacidades tecnológicas, en respuesta al avance del crimen organizado y a riesgos emergentes como el uso de drones. La decisión fue divulgada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que se trata de una cifra “histórica” y sostuvo que el Gobierno ha incrementado el respaldo institucional y económico a los uniformados.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el monto global aprobado en el último año incluye 16,8 billones de pesos destinados a fortalecer la capacidad aérea, 1,8 billones para sistemas antidrones y los 13 billones del nuevo Conpes enfocados en modernización de armas y soporte operativo. “Tal vez la más alta de la historia de Colombia”, afirmó sobre la inversión total.

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El componente aéreo está ligado a la compra de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, contrato firmado en noviembre de 2025 por 16,5 billones de pesos y financiado hasta 2032. El presidente Petro ha defendido que el esquema de pagos escalonados busca mitigar el impacto fiscal y aseguró que la operación fue revisada por la Contraloría sin hallazgos.

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Pese al aumento en recursos, el sector enfrenta restricciones estructurales. El ministro Sánchez advirtió que cerca del 80% del presupuesto de defensa se destina a gastos de personal, lo que limita la inversión en equipos y tecnología. Para 2026, el presupuesto de inversión alcanzará 3,7 billones de pesos, un crecimiento frente al año anterior.

Sin embargo, la ejecución ha generado cuestionamientos. En 2025, el nivel de ejecución del rubro de inversión fue cercano al 40%, lo que encendió alertas sobre la capacidad institucional para utilizar los recursos disponibles.

El anuncio también ocurre tras advertencias de la Contraloría General, que en 2025 cuestionó el aplazamiento de 428.436 millones de pesos del presupuesto de defensa. El ente de control señaló que la medida afectaba la operatividad de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército, en aspectos como mantenimiento de equipos, inteligencia y sostenimiento de tropas en terreno.

El Gobierno sostiene que el nuevo Conpes y las inversiones en curso buscan compensar esas limitaciones y avanzar en la actualización de capacidades estratégicas, en particular ante la obsolescencia de equipos y la necesidad de modernizar la Fuerza Aeroespacial.

La apuesta por una modernización intensiva se da en medio del debate sobre la sostenibilidad fiscal. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de fortalecer la seguridad, los compromisos adquiridos a largo plazo, como el programa Gripen, condicionan el margen presupuestal de los próximos gobiernos y mantienen abierta la discusión sobre el equilibrio entre gasto en defensa e inversión social.