Bogotá, 27 de marzo de 2026 – La senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, fue elegida vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos del Senado el 25 de marzo, la decisión reactivó cuestionamientos por señalamientos en su contra por presunta responsabilidad en reclutamiento de menores y violencia sexual dentro de las antiguas Farc y la senadora por su parte defendió su derecho a ser elegida para el cargo.

La designación se produjo con el respaldo de los cinco integrantes de la comisión, en un momento en que Comunes enfrenta la inminente pérdida de su personería jurídica. Tras su elección, Ramírez calificó el nombramiento como un honor y lo defendió como un derecho derivado del Acuerdo de Paz que permitió su reincorporación a la vida política.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sectores políticos y organizaciones de víctimas cuestionaron que una exintegrante de la guerrilla, mencionada en testimonios sobre abusos, asuma un rol en una instancia encargada de tramitar denuncias por violaciones de derechos humanos. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, afirmó que el nombramiento representa una ofensa para las víctimas de las Farc.

En paralelo a la controversia política, avanzan procesos en la justicia transicional y ordinaria. La Jurisdicción Especial para la Paz mantiene abierto el macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores en el conflicto armado, junto con hechos asociados de violencia sexual y abortos forzados dentro de las Farc. En ese expediente, al menos 89 víctimas han reportado abusos sexuales.

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Dentro de esos testimonios, algunas excombatientes que fueron reclutadas siendo menores han señalado a Ramírez como conocedora o responsable de prácticas de abuso. Una de ellas aseguró en medios que la entonces integrante de la guerrilla seleccionaba niñas para comandantes, mientras otra afirmó que la dirigencia conocía los hechos y no los detuvo.

A partir de estos relatos, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc solicitó en 2025 a la JEP vincular a la senadora como máxima responsable de violencia sexual, al considerar que por su posición jerárquica habría tenido conocimiento o participación en esas conductas. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar para evaluar su eventual responsabilidad penal como congresista aforada. Ambos procesos siguen en etapas iniciales y no han derivado en decisiones de fondo.

Ramírez ha rechazado de manera reiterada las acusaciones. En entrevistas con medios, ha sostenido que las denuncias deben tramitarse ante la JEP y no en escenarios mediáticos. También ha afirmado que, aunque reconoce que pudieron ocurrir casos de violencia sexual, estos no respondían a una política de las Farc sino a comportamientos individuales que, según ella, eran sancionados internamente.

La congresista ha insistido en su derecho a ejercer cargos públicos como parte de la implementación del Acuerdo de Paz y ha defendido su trayectoria política tras más de tres décadas en la guerrilla.

La polémica se produce en un contexto de tensiones sobre la participación política de excombatientes y las demandas de verdad y justicia de las víctimas. La Comisión de Derechos Humanos del Senado, de la que ahora Ramírez es vicepresidenta, tiene como función recibir denuncias y realizar audiencias sobre violaciones a los derechos humanos, lo que intensifica el debate sobre la legitimidad de su nombramiento.