Bogotá, 26 de marzo de 2026 – La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Irene Vélez y otros funcionarios y exfuncionarios por presuntas fallas en el control y vigilancia de la hidroeléctrica Urrá I, en medio de las inundaciones registradas el mes pasado en la cuenca del río Sinú, en Córdoba. El ente de control busca establecer si la emergencia respondió a un riesgo previamente identificado y si hubo omisiones en el seguimiento a la operación del embalse.

La actuación se originó en una función preventiva que analizó las inundaciones y concluyó que no se tratarían de un fenómeno exclusivamente natural e imprevisible. Según el Ministerio Público, la evidencia apunta a la posible materialización de un riesgo conocido, lo que abrió la puerta a indagar responsabilidades disciplinarias por eventuales fallas en la gestión del proyecto.

El expediente incluye a Vélez, quien para la época se desempeñaba como ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, junto con al menos seis funcionarios vinculados a entidades como la ANLA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge y la empresa Urrá S.A. E.S.P.

Las indagaciones se centran en posibles omisiones, retrasos o negligencia en la vigilancia ambiental y en el control operativo del embalse. Informes analizados por la Procuraduría advierten que la hidroeléctrica habría superado de manera recurrente la Curva Guía Máxima definida para su operación, así como los caudales autorizados, lo que habría incrementado el riesgo de inundaciones aguas abajo.

También se examinan presuntas deficiencias en los planes de gestión del riesgo, contingencia y alerta temprana. El ente de control sostiene que estos elementos, sumados a la evidencia documental, refuerzan la hipótesis de que la emergencia pudo evitarse o mitigarse con un control más riguroso.

La investigación está en etapa probatoria y es adelantada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2. En este proceso se recopilan documentos y se contrastan versiones para determinar si los implicados incurrieron en faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones. La apertura del expediente no implica sanción ni un juicio definitivo.

Como parte de la recolección de pruebas, la Procuraduría solicitó información a varias entidades, entre ellas la ANLA, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CVS, la empresa Urrá, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el IDEAM, con el fin de reconstruir las decisiones adoptadas durante la emergencia.

El caso tiene como antecedente directo las inundaciones del pasado mes en Córdoba, que afectaron a miles de personas y pusieron en revisión la operación de Urrá I. El análisis también incluye la licencia ambiental del proyecto y posibles procesos sancionatorios relacionados.

Hasta ahora no se conocen pronunciamientos de fondo de Irene Vélez ni de las entidades involucradas sobre la investigación. La Procuraduría no descarta vincular a otros actores a medida que avance la recolección de pruebas y se establezca con mayor precisión la cadena de decisiones alrededor del manejo del embalse.