Bogotá, 26 de marzo de 2026 – La Fiscalía General de la Nación advirtió que reactivará la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, jefe de una facción disidente de las antiguas FARC, si el Gobierno de Gustavo Petro no define antes de finalizar este mes la continuidad de los diálogos de paz. La advertencia fue anunciada por la fiscal general Luz Adriana Camargo tras una reunión con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la que acordaron revisar periódicamente los beneficios judiciales y la suspensión de órdenes de captura para negociadores armados.

La suspensión de la captura de alias Calarcá estaría condicionada a que exista una voluntad de paz verificable y al cese de conductas delictivas por parte de su disidencia. La advertencia surge por la persistencia de delitos graves atribuidos a su estructura, incluidos hechos contra defensores de derechos humanos, y por la falta de claridad del Gobierno sobre la continuidad de los acercamientos con esta facción.

En enero y febrero del presente año, el Gobierno ya evaluaba levantar beneficios judiciales a Calarcá ante un recrudecimiento de la violencia y presunto incumplimiento de compromisos de la política de “paz total”. El Ministerio de Defensa lideró esa revisión, mientras la Fiscalía preparaba mecanismos de seguimiento para determinar si se mantiene o revoca la suspensión de la captura.

La reunión del pasado 25 de marzo entre Camargo y Patiño permitió definir una metodología de seguimiento del cumplimiento de los requisitos que sustentan los beneficios judiciales, con revisión periódica según los acontecimientos. La Fiscalía destacó que cualquier amparo judicial otorgado a los negociadores está condicionado al cumplimiento de compromisos verificables y al abandono de conductas delictivas.

Hasta ahora, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento público sobre la semana límite establecida por la fiscal, y alias Calarcá tampoco ha respondido oficialmente a la advertencia. La decisión del Ejecutivo se considera clave para la credibilidad de la política de “paz total” y para la legitimidad de la negociación con grupos armados disidentes.

Si no hay una definición clara antes del cierre de marzo, la Fiscalía ha reiterado que actuará por su cuenta y reactivará las órdenes de captura, dejando en evidencia la tensión entre la justicia ordinaria y las estrategias de negociación política.