Bogotá/Nueva York, 20 de marzo de 2026 – La DEA analiza registros confidenciales que vinculan a funcionarios de Ecopetrol con un presunto esquema de lavado de dinero relacionado con redes de narcotráfico internacional, en el que también aparece mencionado el presidente Gustavo Petro. La investigación apunta a movimientos financieros irregulares durante la campaña presidencial de 2022, en los que exdirectivos y empleados de la empresa habrían facilitado transferencias de recursos al exterior.
Según el reportaje de Associated Press, la pesquisa incluye interrogatorios de fiscales federales en Nueva York a narcotraficantes sobre posibles vínculos con Petro y menciona conexiones con el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles en Venezuela. Los documentos de la DEA no presentan cargos formales ni pruebas públicas concluyentes, pero configuran una línea de investigación sobre operaciones financieras dentro de Ecopetrol relacionadas con actividades ilícitas.
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Ecopetrol rechazó de manera tajante cualquier implicación en maniobras de lavado de dinero. Su presidente, Ricardo Roa, aseguró que los señalamientos carecen de “toda realidad o lógica”. Petro también negó categóricamente vínculos con narcotráfico o supuestos esquemas financieros ilícitos. La DEA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los registros citados.
El caso ocurre en medio de presiones judiciales y políticas sobre Ecopetrol. En febrero del presente año, la Fiscalía General de Colombia anunció su intención de presentar cargos de corrupción contra Roa por su papel en la campaña presidencial de 2022. La junta directiva de la compañía decidió mantenerlo en el cargo mientras se evaluaban controversias internas y protestas del sindicato USO, reflejando la sensibilidad de la empresa ante investigaciones internacionales y su impacto en la esfera política y corporativa del país.
Analistas consultados por medios locales advierten que cualquier avance de la investigación de la DEA podría generar un efecto inmediato sobre la reputación de Ecopetrol y el Gobierno colombiano, afectando la percepción internacional de la empresa y la credibilidad de las instituciones involucradas en la gestión de recursos estratégicos.






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