Bogotá, 26 de marzo de 2026 – El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación contra la firma Atlas Intel y la revista Semana por la publicación de un estudio de intención de voto que ubicó a Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda. El organismo concluyó de manera preliminar que el ejercicio no cumple con los requisitos legales para ser considerado una encuesta en Colombia.

La medición, divulgada el 10 de enero, fue presentada como una encuesta y utilizada por la campaña de De la Espriella para reforzar su posición como favorito en un eventual escenario de segunda vuelta. Sin embargo, el CNE sostiene que, por su diseño, se trataría en realidad de un sondeo de opinión, lo que implica una clasificación distinta bajo la normativa electoral vigente.

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El proceso, con ponencia de la magistrada Maritza Martínez, señala que el estudio no acreditó un diseño muestral probabilístico que garantice la representatividad del universo electoral. Según el análisis técnico, no se evidenció un procedimiento que asegurara que todos los posibles votantes tuvieran una probabilidad conocida y verificable de ser incluidos en la muestra.

Atlas Intel utilizó un método de reclutamiento digital aleatorio basado en captación en línea. Aunque esta técnica ha sido reconocida internacionalmente, la autoridad electoral advirtió que en Colombia se exige el cumplimiento estricto de condiciones de muestreo probabilístico documentadas y verificables para clasificar un estudio como encuesta.

El CNE concluyó que el ejercicio presenta características propias de un sondeo, lo que tiene implicaciones jurídicas en su difusión durante procesos electorales. Además, el expediente reporta vacíos de evidencia que comprometen los estándares de verificabilidad y replicabilidad exigidos por la Ley 2494 de 2025.

La investigación también involucra a Semana por la forma en que divulgó el estudio, al presentarlo como encuesta y destacar sus resultados sin claridad suficiente sobre sus limitaciones metodológicas, lo que, según el organismo, podría inducir a error al público.

El caso se da en un contexto de mayor control sobre las mediciones de intención de voto en Colombia, tras la reciente actualización normativa que refuerza los requisitos técnicos y la supervisión sobre encuestadoras y medios. El proceso se encuentra en etapa inicial y contempla la formulación de cargos y la solicitud de información adicional. Hasta el momento, no se conocen respuestas públicas de los investigados ni posibles sanciones.