Nueva York, 26 de marzo de 2026 – El juez federal Alvin K. Hellerstein rechazó este jueves desestimar el proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos y mantuvo vigentes los cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y armas. La decisión se produjo durante una audiencia en Manhattan centrada en la disputa por el uso de fondos venezolanos para financiar la defensa, lo que deja el caso encaminado hacia un juicio prolongado.

La defensa solicitó archivar la causa al alegar que el bloqueo de recursos por parte del Departamento del Tesoro vulnera el derecho de los acusados a elegir abogado, protegido por la Sexta Enmienda. El juez respondió que no desestimará el caso y señaló que más adelante tomará una decisión formal sobre la financiación de la defensa, mientras el proceso continúa.

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La audiencia se extendió por cerca de una hora, un tiempo inusual para este tipo de diligencias, debido a la discusión sobre la imposibilidad de usar fondos del Estado venezolano. Los abogados explicaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros había autorizado inicialmente el pago de honorarios el 9 de febrero, pero revocó esa licencia pocas horas después, lo que dejó sin efecto el mecanismo de financiación.

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Durante la sesión, Hellerstein cuestionó la postura del Gobierno estadounidense al señalar contradicciones entre el bloqueo de estos recursos y la flexibilización parcial de sanciones en otros ámbitos, como el petrolero. Aun así, insistió en que el derecho central en discusión es el acceso a defensa legal, no la política de sanciones, y reiteró que el caso seguirá su curso.

Maduro y Flores comparecieron bajo custodia desde una prisión federal de alta seguridad en Brooklyn. Ambos vistieron uniformes carcelarios y utilizaron equipos de traducción simultánea. Observadores en sala señalaron cambios físicos en el exmandatario, mientras que la defensa de Flores solicitó exámenes médicos por problemas de salud.

En paralelo, la Fiscalía pidió restringir el acceso a las pruebas del caso para evitar que sean compartidas con cuatro coacusados prófugos, entre ellos figuras del chavismo y presuntos integrantes de redes criminales. Argumentó que existe riesgo de represalias contra testigos si esa información se filtra.

El proceso se enmarca en acusaciones presentadas desde 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que vinculan a Maduro con una estructura de narcotráfico internacional. Tras su captura en enero de 2026, el exmandatario se declaró no culpable. La decisión del juez elimina la posibilidad inmediata de cierre del caso, pero abre un nuevo frente judicial sobre quién financiará la defensa en un proceso de alto impacto político y legal.