Bogotá, 24 de marzo de 2026 – La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 0234 de 2026, expedido por el gobierno de Gustavo Petro, que reglamenta la negociación colectiva por niveles. La acción fue radicada el 19 de marzo ante el Consejo de Estado y busca tumbar la norma por considerarla inconstitucional y perjudicial para las micro, pequeñas y medianas empresas.

El decreto, vigente desde el 6 de marzo y firmado por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, introduce la figura de negociación colectiva unificada por niveles, lo que permite que acuerdos laborales se definan por sectores o ramas económicas y sean obligatorios para todas las empresas del mismo ámbito, incluso si no participaron en la negociación.

Valencia sostiene que la medida otorga “superpoderes” a los sindicatos al convertir los acuerdos sectoriales en reglas de obligatorio cumplimiento para todas las compañías. Según su demanda, el Gobierno no puede imponer negociaciones obligatorias sin considerar la situación financiera de cada empresa, en especial de las mipymes, que podrían no tener capacidad para asumir los compromisos pactados.

La senadora también cuestiona que la norma amplíe la representación sindical a federaciones y confederaciones y establezca cuotas que, según su interpretación, serían obligatorias para todos los trabajadores, estén o no afiliados. Asegura que esto vulnera la libertad de asociación y la autonomía empresarial, además de obligar a las compañías a revelar información financiera sensible.

En su argumento jurídico, Valencia afirma que el Ejecutivo se extralimitó al regular por decreto aspectos que el Congreso no aprobó durante el trámite de la reforma laboral. Por ello, calificó la norma como “abiertamente ilegal” y solicitó su suspensión provisional mientras se resuelve el fondo del caso.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Trabajo defiende que el decreto no elimina la negociación por empresa, sino que la complementa con niveles superiores para ampliar la cobertura y reducir brechas entre trabajadores de un mismo sector. El ministro Sanguino ha señalado que la medida desarrolla convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre negociación colectiva y libertad sindical.

Centrales obreras como la Confederación General del Trabajo respaldan la norma y la consideran un avance en el fortalecimiento del diálogo social. En contraste, gremios como Acopi advierten que la extensión de acuerdos sectoriales podría afectar la sostenibilidad de las mipymes al imponer condiciones que no todas pueden cumplir.

El Consejo de Estado deberá decidir si admite la demanda y si decreta medidas cautelares. Mientras tanto, el decreto continúa vigente en medio de un debate que combina implicaciones jurídicas, económicas y electorales en plena campaña presidencial de 2026.

La demanda de nulidad