Washington/Bogotá, 24 de marzo de 2026 – La justicia de Estados Unidos mantiene abiertas dos investigaciones preliminares sobre el presidente colombiano Gustavo Petro por presuntos contactos con redes de narcotráfico y eventuales aportes ilegales a su campaña de 2022. La información más reciente indica que fiscales federales en Manhattan y Brooklyn trabajan con la DEA en pesquisas que siguen en etapa inicial y que, por ahora, no han derivado en cargos formales contra el mandatario.

El nuevo avance del caso es que, según AP, la DEA catalogó a Petro como “priority target”, una etiqueta interna de alto interés operativo que no equivale a una imputación penal, pero sí refleja la relevancia que la agencia le asigna dentro de varias líneas de investigación. Esa revisión se concentra, al menos en parte, en versiones según las cuales enviados cercanos al petrismo habrían pedido sobornos a narcotraficantes recluidos en La Picota a cambio de frenar extradiciones hacia Estados Unidos.

Reuters reportó además que una fuente con conocimiento del caso aseguró que Petro no es, por ahora, el blanco principal de esas indagaciones, aunque su nombre sí aparece bajo escrutinio en expedientes vinculados con narco-terrorismo y tráfico de drogas. Entre los puntos que revisan los fiscales están posibles reuniones con narcotraficantes y la hipótesis de que la campaña presidencial hubiera recibido recursos de esas estructuras. La misma agencia señaló que los procesos podrían no terminar en acusaciones.

Los registros de la DEA y entrevistas con informantes, según AP, mencionan supuestos contactos con el Cártel de Sinaloa y otras redes criminales. También se examina si la política de “paz total” fue usada por intermediarios para ofrecer beneficios a capos que habrían buscado influir en decisiones judiciales o políticas. Hasta ahora, la información conocida proviene de reportes internos y testimonios recopilados por investigadores estadounidenses.

Petro respondió en público con una negación total. Reuters recogió que el presidente rechazó haberse reunido con narcotraficantes y sostuvo que una revisión interna extensa no encontró financiación ilícita en su campaña. AP añadió que el mandatario atribuyó las acusaciones a una ofensiva política de sectores de derecha y que la embajada de Colombia en Washington calificó esos reportes como no verificados.

El caso también vuelve a poner atención sobre su entorno más cercano. AP recordó que su hijo, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, ya habían quedado bajo escrutinio por presuntas relaciones con dinero ilícito y contactos con narcotraficantes. Ese frente no implica automáticamente responsabilidad del presidente, pero sí amplía la presión política sobre la Casa de Nariño mientras avanzan las pesquisas en Estados Unidos.

Con la información disponible al 24 de marzo de 2026, no existe una acusación formal contra Gustavo Petro en Estados Unidos. Lo que sí hay es una investigación activa, de alto impacto político y diplomático, que sigue en fase preliminar y que puede escalar, estancarse o cerrarse según lo que logren probar fiscales y agentes en Nueva York.