Bogotá, 19 de marzo de 2026 – La Asociación Diplomática y Consular de Colombia pidió a la Procuraduría ejercer control preventivo sobre la contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores tras identificar 1.053 contratos de prestación de servicios por cerca de 83.742 millones de pesos entre agosto de 2025 y enero del presente año. El mayor volumen se concentró en enero, cuando se firmaron alrededor de 785 contratos por más de 77.000 millones, días antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales.

La organización advirtió que la magnitud y el momento de los contratos generan dudas sobre su necesidad y pertinencia. Señaló que la mayoría corresponde a asesorías y apoyos profesionales, lo que, a su juicio, podría evidenciar una expansión de contratación paralela en funciones que ya estarían cubiertas por personal de planta.

Entre los casos mencionados, Asodiplo destacó dos contratos por 253 millones de pesos cada uno para asesoría jurídica en la Dirección de Talento Humano, pese a que la Cancillería cuenta con oficinas jurídicas internas. También identificó 28 contratos con objetos similares relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario, tareas que habitualmente desempeñan funcionarios de carrera.

La Academia Diplomática también fue señalada por la suscripción de cerca de 84 contratos para actividades que, según la asociación, antes se realizaban con personal interno sin costos adicionales. A esto se suma un contrato superior a 215 millones de pesos para posicionamiento internacional del país en temas de sostenibilidad y transición energética, adjudicado a una persona vinculada familiarmente con un congresista, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles favorecimientos.

El análisis también evidenció desequilibrios entre dependencias. Mientras algunas áreas acumularon decenas de contratos para funciones consideradas rutinarias, la Dirección de Asuntos Consulares recibió solo tres, pese a manejar procesos como atención a colombianos en el exterior y logística electoral.

La denuncia contrasta con una circular interna firmada en este mes por la canciller Rosa Villavicencio, en la que se ordenan medidas de austeridad por una supuesta crisis financiera. El documento instruye a reducir gastos operativos y evitar solicitudes adicionales de recursos para eventos y servicios logísticos.

Para Asodiplo, existe una falta de coherencia entre ese llamado a recortar gastos y el aumento de la contratación por servicios en los meses previos. La asociación solicitó a la Procuraduría verificar si estos contratos responden a estudios de carga laboral y necesidades reales, así como el cumplimiento de principios de planeación y selección objetiva.

Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido un pronunciamiento público sobre la denuncia. La Procuraduría deberá definir si abre una actuación preventiva o disciplinaria en un contexto en el que ya vigila otros procesos contractuales de la entidad, incluido el de pasaportes.

El caso se da en la antesala de las elecciones de 2026 y reaviva el debate sobre el uso de contratos de prestación de servicios en el Estado, una figura cuestionada por facilitar nóminas paralelas y posibles prácticas clientelistas.