Bogotá, 19 de marzo de 2026 – La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, lo que provocó el rechazo del ministro de Justicia y reabrió el debate sobre la participación política de servidores públicos en Colombia.
El pronunciamiento se difundió a través de un video en la red social X, en el que el presidente del sindicato, Óscar Robayo, afirmó que la decisión fue adoptada en una asamblea nacional de delegados realizada en Cartagena semanas atrás. Allí, la organización expresó su “total apoyo” a la campaña del senador del Pacto Histórico y destacó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y del sistema penitenciario.
Robayo sostuvo que los trabajadores ven en Cepeda una alternativa para mejorar las condiciones carcelarias y el trato a las personas privadas de la libertad, así como las garantías laborales de los funcionarios del Inpec. El sindicato insistió en que su postura se emite como organización gremial y no en representación de la entidad estatal.
La declaración generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que advirtieron sobre las restricciones que tienen los funcionarios públicos para participar en actividades proselitistas. Las críticas se centraron en que los trabajadores del Inpec están sujetos a un régimen disciplinario que limita su intervención en campañas electorales.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, respondió también en X y marcó distancia frente al respaldo. Señaló que la posición del sindicato no representa al Ministerio ni al Inpec y recordó que los servidores públicos tienen prohibido apoyar campañas específicas. Con ese mensaje, el Gobierno fijó su postura institucional frente al episodio.
El sindicato reaccionó posteriormente y reconoció que su pronunciamiento no compromete a las entidades oficiales. En otro mensaje, reiteró que se trata de una expresión del “pueblo trabajador” del sistema penitenciario y defendió su derecho a pronunciarse como organización sindical.
El Centro Democrático fue uno de los partidos que expresó mayor rechazo. Dirigentes de esa colectividad calificaron el apoyo como inaceptable y cuestionaron la trayectoria de Cepeda, retomando señalamientos que han sido parte de disputas políticas previas.
El episodio ocurre en medio de la campaña presidencial de 2026 y se suma a otros respaldos sindicales al candidato del Pacto Histórico. Semanas antes, centrales obreras anunciaron la creación de una comisión nacional de trabajadores para apoyar su aspiración, lo que el senador presentó como una muestra de respaldo del movimiento sindical.
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Las normas vigentes en Colombia establecen que los servidores públicos no pueden utilizar sus cargos para intervenir en política ni promover candidaturas. Entre las conductas prohibidas están el uso de recursos estatales para campañas, la presión a subordinados y la difusión de propaganda electoral.
Aunque hasta ahora no se han anunciado investigaciones disciplinarias por este caso, la controversia vuelve a poner en discusión los límites entre la actividad sindical y las restricciones legales que rigen para quienes trabajan en el Estado, en especial en sectores sensibles como el sistema penitenciario.
