Bogotá, 19 de marzo de 2026 – La Junta Directiva de Ecopetrol se reúne hoy en Bogotá para definir si Ricardo Roa continúa como presidente, toma una licencia temporal o renuncia de manera definitiva. La sesión se da en medio de imputaciones penales contra Roa por presunto tráfico de influencias y violaciones a normas de financiación electoral, hechos que podrían afectar la reputación, el valor de las acciones y la relación con reguladores nacionales e internacionales.

La Fiscalía General de la Nación formalizó imputaciones contra Roa relacionadas con la compra de un apartamento en el barrio Chicó de Bogotá, adquirido por 1.800 millones de pesos pese a que su valor comercial se estimaba en 2.727 millones. Además, se le imputa la violación de topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, con un presunto excedente de más de 5.300 millones de pesos ya sancionado administrativamente por el Consejo Nacional Electoral.

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Frente a esta situación, la junta de Ecopetrol estudia tres alternativas: mantener a Roa en el cargo con monitoreo jurídico reforzado, otorgarle una licencia temporal mientras avanzan los procesos judiciales, o solicitar su renuncia para proteger la imagen institucional y la confianza de los inversionistas. La primera opción implicaría reportes periódicos sobre la evolución de los procesos y evaluación de riesgos ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la SEC en Estados Unidos. La licencia temporal permitiría a Roa dedicarse a su defensa mientras un presidente encargado asume las funciones, con posibilidad de reintegro si es exonerado. La salida definitiva activaría un reemplazo inmediato y ajustes en la estrategia corporativa y en la interlocución con el Gobierno.

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de la compañía, ha pedido públicamente la separación de Roa, argumentando que su situación judicial representa un riesgo para el funcionamiento de la empresa y para la confianza de los ciudadanos en la petrolera. Analistas de mercado advierten que mantener a un presidente imputado podría afectar la percepción de gobierno corporativo de Ecopetrol y generar volatilidad en sus acciones.

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Hasta la mañana del día de hoy, la sesión se desarrolla a puerta cerrada y no se ha emitido un comunicado oficial sobre la decisión de la junta, mientras sindicatos, inversionistas y observadores esperan el desenlace. La resolución que adopte el máximo órgano de gobierno corporativo no solo definirá el futuro de Roa, sino que enviará un mensaje sobre los estándares de integridad y gobernanza de Ecopetrol frente a situaciones en las que su presidente enfrenta imputaciones por delitos de corrupción y financiación irregular de campañas.