Bogotá, 19 de marzo de 2026 – Las disidencias de las FARC agrupadas en el Estado Mayor Central, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», prohibieron el ingreso de la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo a los territorios donde mantienen control armado en Colombia. La decisión fue anunciada en una carta pública fechada el 18 de marzo de 2026.

El grupo aseguró que estos organismos incurrieron en “graves violaciones de confianza y neutralidad” y afirmó que misiones humanitarias y de verificación habrían sido utilizadas para recolectar información sobre sus posiciones, lo que, según su versión, facilitó operaciones militares en su contra. No presentó pruebas verificables de estas acusaciones.

En el mismo comunicado, el EMC cuestionó el trabajo de la Defensoría del Pueblo y la acusó de emitir alertas tempranas “manipuladas” que, según el grupo, desconocen la situación en los territorios y terminan justificando operativos de la Fuerza Pública. También señaló un supuesto silencio frente a hechos que califica como violaciones al derecho internacional humanitario.

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Pese a la restricción, las disidencias informaron que permitirán el ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo condiciones de neutralidad, confidencialidad y coordinación previa de cualquier misión en terreno.

La medida aplica a las zonas donde el EMC tiene presencia, incluidas regiones de Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Arauca, áreas que concentran altos riesgos humanitarios por la persistencia de enfrentamientos armados y economías ilegales.

La decisión limita en la práctica las visitas, misiones de verificación y labores de documentación de riesgos por parte de organismos nacionales e internacionales, que han cumplido funciones de monitoreo de derechos humanos y acompañamiento a comunidades en medio del conflicto.

Organizaciones de derechos humanos y analistas advirtieron que la restricción reduce la visibilidad sobre posibles violaciones y dificulta la activación de mecanismos de protección para la población civil en estas regiones. También señalaron que las comunidades quedan con menos canales para denunciar abusos de los distintos actores armados.

El anuncio ocurre en un contexto de intensificación de operaciones militares contra el EMC y de expansión de su presencia territorial y redes, lo que ha incrementado la confrontación en varias zonas del país.

El Estado Mayor Central es la principal disidencia de las antiguas FARC-EP que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 o que se rearmó posteriormente. En los últimos años ha consolidado control en corredores estratégicos para economías ilegales y ha protagonizado enfrentamientos con la Fuerza Pública y otros grupos armados.

El gobierno de Gustavo Petro intentó adelantar un proceso de negociación con esta estructura dentro de su política de “paz total”, pero los diálogos se rompieron en 2024 tras una serie de incumplimientos y ataques atribuidos al grupo.

Con la decisión anunciada, organismos como la ONU, la OEA y la Defensoría enfrentan restricciones para operar en terreno en zonas clave del conflicto, mientras el CICR queda como el único actor internacional con acceso formal a estos territorios bajo condiciones impuestas por el EMC.